Tras la celebración de la Asamblea General Estatutaria de las organizaciones FERE-CECA MADRID y de la Asociación Educación y Gestión de Madrid, (ambas bajo la marca Escuelas Católicas de Madrid), los titulares de los 340 centros educativos en la región, representados e integrantes de dichas organizaciones, han acordado ciertas cuestiones que ya forman parte de la declaración final entre las organizaciones.
Los datos indicadores oficiales, así como la propia percepción de las instituciones y centros escolares, acreditan y son conscientes de la situación demográfica padecida en nuestro entorno internacional, nacional, y también regional.
En ese sentido, han llamado una vez más la atención a los distintos responsables políticos, a las instituciones y agentes sociales, acerca de crear políticas eficaces que consigan paliar una situación que, en la actualidad, ya se está viviendo bajo numerosas dificultades en distintos lugares del país y la comunidad de Madrid.
Escuelas Católicas de Madrid actualmente ve imprescindible que se llegue a un gran pacto político y social por la natalidad. Entretanto, estos han solicitado a la administración educativa que apueste por una red de centros y aulas sostenidas con fondos públicos estables, las cuales no tengan que depender de los vaivenes de alumnado que muchas veces resultan efímeros y puntuales.
En línea con el punto anterior, la asamblea general de Escuelas Católicas de Madrid ha reiterado la necesidad de que la escuela concertada oferte el primer ciclo de la Educación Infantil en régimen de gratuidad, evitando así el agravio que produce la creación de aulas de 0 a 3 años en los centros públicos de Infantil y Primaria.
La financiación de estas enseñanzas en la escuela concertada, además de un necesario equilibro entre las redes sostenidas con fondos públicos, propiciaría una mayor libertad de elección por parte de las familias.
Durante los últimos años, el mundo de la Formación Profesional está viviendo un crecimiento vertiginoso, no siempre acompañado de directrices que articulen estas enseñanzas y salvaguarden su carácter netamente educativo.
En ese sentido, la asamblea ha reiterado tanto al gobierno del Estado como al gobierno regional, la necesidad de contar con el sector para el establecimiento de las normativas que desarrollen estas enseñanzas, dejando claro el carácter educativo de las mismas. Además, han añadido que la recuperación de los conciertos educativos en la formación del Grado Superior siguiendo lo fallado por los tribunales, sería una buena forma de recuperar esa estructura y centralidad que debe tener el alumnado en cuanto a la organización de esta formación.
Por último, la Asamblea ha compartido su preocupación por fenómenos que, cada día en mayor medida, se van haciendo presentes en la vida escolar.
Entre estas cuestiones se encuentran las relacionadas con la precariedad emocional del alumnado; la pérdida de autonomía organizativa y pedagógica de los centros acuciada por las plataformas y sistemas tecnológicos que se imponen desde la administración; las crecientes dificultades de relación detectadas entre determinadas familias y sus centros, con intervenciones ajenas a la comunidad educativa que en nada ayudan o los problemas existentes con la inspección educativa, motivados por cuestiones de carácter puramente tecnocrático, entre otros muchos y que están desembocando en un desbordamiento entre el profesorado y los equipos directivos de los centros.
Desde la Asamblea piden la atención de los poderes públicos para que estos establezcan medidas que, desde el respeto a la autonomía de los centros y de su identidad, faciliten un funcionamiento que resuelva estos nuevos problemas a los que tanto directivos como profesorado deben enfrentarse.