Muchos son los frentes abiertos entre las ejecutivas de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. De cuestiones recurrentes a lo largo de los últimos meses, como las 'guerras' del agua y la electricidad, la Ley de Vivienda, la falta de inversión en la red Cercanías o la gestión de las sucesivas crisis migratorias, a otras de plena actualidad, como la Amnistía o el 'Caso Koldo'. El último de estos episodios, la negativa Popular a apoyar la modificación del Estatuto de Autonomía propuesta por el PSOE para la supresión de términos vejatorios hacia las personas con discapacidad fruto del temor a que, a su paso por el Congreso de los Diputados, tal revisión termine por convertirse en “arma de negociación” para los “secesionistas catalanes”.
Pese al clima de tensión reinante, existen cuestiones que, por una u otra razón, no han sido aún explotadas por la Comunidad. Al menos no en el grado esperable atendiendo al bucle de confrontación en el que ambas administraciones se encuentran inmersas esta legislatura. Entre ellas, un aspecto tan ideológico como la aplicación de las siempre polémicas políticas de memoria democrática. Para muestra, el paso de puntillas del Gobierno madrileño por las nuevas leyes autonómicas de “concordia” impulsadas desde Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana –todos ellos territorios gobernados conjuntamente por PP y Vox– y que el Ejecutivo central, por voz de su ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado ya que elevará al Tribunal Constitucional por considerarlas contrarias a la normativa estatal.
“En Madrid no tenemos ninguna iniciativa al respecto”
La condena –o no– a la dictadura franquista por parte de las distintas fuerzas con representación parlamentaria regresa así a la primera línea del debate político y mediático. Sin embargo, no para el Partido Popular en Madrid. “Alberto Núñez Feijóo ya dijo que la voluntad del PP es impulsar una Ley de Concordia, más allá de las cuestiones que ha venido practicando el Partido Socialista. Desconozco el texto de la ley de Castilla y León. Nosotros aquí en Madrid, como saben ustedes, no tenemos en este momento ninguna iniciativa al respecto. Y poco más puedo decirles (…) Todo lo que tenga que ver con recuperar la concordia, que es lo que Feijóo planteó en campaña, tendrá nuestro apoyo”, lanzaba el secretario general de los Populares madrileños, Alfonso Serrano, tras el Comité de Dirección del partido que tuvo lugar en Génova 13 el pasado lunes.
Pese a optar por esquivar el barro de una nueva pugna ideológica en ciernes, Serrano ha querido, eso sí, dejar patente el firme compromiso del PP con los valores democráticos. Algo que, a su juicio, ya habría quedado probado en legislaturas precedentes: “Estamos en el año 2023. Los mismos que nos dicen que no hablemos de ETA porque es pasado o del procés porque ya está todo el mundo dándose besos y abrazos, son los que una y otra vez siguen con el mantra de la dictadura franquista y quieren una condena. Nosotros no tenemos que mostrar credenciales de compromiso democrático. Ni ante el Partido Socialista ni ante nadie. Sobre todo cuando ya en su momento, durante la mayoría absoluta del Partido Popular con José María Aznar, se aprobó una iniciativa en el Congreso en la que se condenaba la dictadura franquista. Que la izquierda esté permanentemente con esto demuestra que es solo un comodín para cuando no quiere hablar de otros temas”.
Los pies de plomo de Serrano en torno a las posibles alternativas a la Ley de Memoria Democrática contrastan en cualquier caso con la dureza del relato airado por la corporación regional hace apenas un par de años, cuando aún dependía de Vox para la aprobación de cualquier iniciativa en Entrevías. Basta con repasar la hemeroteca para comprobarlo. “Es falsa, sectaria y totalitaria. Una ley diseñada para enfrentar a los españoles, dividir y acabar con la paz que nos dimos en 1978”, apuntaba entonces una Isabel Díaz Ayuso convencida de la necesidad de derogar de manera inmediata el recién aprobado texto.
“El franquismo fue una dictadura”
Es precisamente esta línea crítica la que aún hoy continúa defendiendo la cúpula nacional del partido. En una entrevista concedida a Antena 3 este mismo miércoles, el propio Feijóo no dudaba un ápice en reafirmar su intención de reformar la legislación vigente en cuanto ponga un pie en La Moncloa: “Es un clásico. Cada vez que hay elecciones –en referencia a los comicios vascos del próximo día 21– hablamos del franquismo. Mira, el franquismo es una dictadura, ha sido una dictadura, y ETA era una banda terrorista (…). Una de mis promesas si soy presidente del Gobierno es derogar esa ley, porque entiendo que una ley que tiene la firma de Otegi y de la que se ha excluido al PP es una ley que no refleja lo que ha ocurrido en España en los últimos 60, 70 u 80 años".
Otro de los charcos en materia de memoria histórica que el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha decidido esquivar recientemente es la consideración de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño y antigua Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, como “lugar de memoria”. Una iniciativa, la instalación de una placa conmemorativa sobre la fachada del edificio “en recuerdo de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia”, que cuenta con el consenso pleno de las formaciones progresistas y que se ha convertido ya en una reivindicación histórica de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Pese a que aún resta el pertinente debate en la Cámara Baja, la evasiva de la Comunidad llegaría de la mano del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco: "Es un lugar de libertad. Un lugar que queremos compartir con todos y que todos compartan con nuestra capital y con nuestra maravillosa región. De eso se trata, de avanzar, de abrir. En este momento la Casa de Correos es la casa de todos y el lugar de la libertad". Por todo ello, zanja, “no lo consideramos”. “A nosotros ni nos contestan. Es como si no existiéramos. No les interesa. Madrid esconde la guerra y la dictadura. Nadie ha querido contar nunca nuestra historia”, apunta, por su parte, el presidente de la ARMH, Emilio Silva.
Lo laxo de las declaraciones a cargo del titular de Cultura, así como la prudencia mostrada por Díaz Ayuso, quien ni siquiera se ha pronunciado aún al respecto, contrastan nuevamente con lo expuesto por otra de las cabezas visibles del Partido Popular, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Más vehemente en sus manifestaciones públicas, el regidor considera que este tipo de reconocimientos no son más que medidas “estrambóticas” fruto de la “pérdida de protagonismo” de la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
“Madrid esconde la dictadura”
El perfil bajo reflejado por la máxima mandataria regional en lo relativo a las polémicas que rodean la declaración de Cuelgamuros como Bien de Interés Cultural (BIC), cediendo el testigo al Gobierno central, sería otro síntoma de su deriva esquiva para con las políticas de memoria histórica. Pese a que Ayuso ha defendido siempre que se trata de una competencia única y exclusiva del Estado, la Justicia podría terminar por forzar su posicionamiento en los próximos meses. Todo ello a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el pasado mes de diciembre estimó de manera parcial el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos frente a la equidistancia de la Dirección General de Patrimonio. Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por Madridiario insisten, en cualquier caso, en que “no hay novedades” en este sentido.
La miga política del asunto radica, además, en la siempre compleja relación entre las fuerzas conservadoras con representación en Vallecas. Así, en los compases finales de la pasada legislatura se llegó incluso a especular con la fórmula mágica que permitiese blindar los símbolos religiosos presentes en Cuelgamuros frente a la normativa estatal: la nueva Ley de Patrimonio Cultural. Fuera como fuese y para disgusto de los pupilos de Rocío Monasterio, no se ha producido avance alguno desde entonces. “Es muy preocupante que la Comunidad de Madrid esté buscando excusas para no proteger un monumento de la categoría del Valle de los Caídos. Se escudan en que no pueden hacerlo porque no tienen competencia. Pero si tiene voluntad política, puede. Y mientras no asume su responsabilidad, el monumento se deteriora poco a poco”, apuntaba la diputada de Vox Ana María Velasco durante la última Comisión de Cultura celebrada en la Asamblea.