El Consistorio da un portazo a la posibilidad de declarar todos los distritos de la capital como zonas tensionadas y así aplicar un tope a los precios del alquiler como establece la nueva ey de vivienda y rechaza así las peticiones de los grupos de la izquierda en el Ayuntamiento al considerar la limitación de los alquileres como un “fracaso” al que el Ejecutivo de José Luís Martínez-Almeida “rechaza totalmente”.
Tanto Más Madrid como PSOE llevan meses defendiendo que el Ayuntamiento debe “hacer cumplir” la reciente normativa estatal en materia de vivienda para así enfrentarse a la escalada de precios en el alquiler que vive la ciudad. La reciente publicación del índice de precios del alquiler por parte del Ministerio de Vivienda ha provocado que la oposición ponga toda su maquinaria a trabajar para defender que Martínez-Almeida de pasos en la dirección de limitar los precios de las rentas en la capital utilizando esta declaración de zona tensionada en la ciudad. "Estamos absolutamente en contra de este modelo este modelo, ha fracasado ya en distintos sitios donde se ha aplicado y es evidente uno puede escribir en las leyes muchas cosas, pero luego la realidad suele ser otra", respondía así este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al ser preguntada por las propuestas de la izquierda. Para la también titular del área de Seguridad y Emergencias, la ley de vivienda nacional es "profundamente desacertada" porque da "poquísimas garantías" a los propietarios para que puedan alquilar sus viviendas.
La izquierda en el Consistorio quiere sacar el máximo partido a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, qué recoge la definición de estas zonas y las señalaba como aquellas en las que el gasto en hipoteca o alquiler supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares, así como aquellas donde el alquiler haya aumentado un cinco por ciento sobre el IPC en los últimos cinco años. La norma establece que la declaración de zona tensionada tendrá una duración máxima de tres años. Sin embargo, se contempla la posibilidad de prorrogar esta declaración anualmente si persisten las condiciones que la justificaron.
En estas zonas, se implementará un control sobre los precios de alquiler. Para ello, es fundamental que las administraciones locales involucradas en estas áreas tensionadas elaboren un plan de medidas para corregir los desequilibrios en el mercado de vivienda durante este período de tres años. Además, el Gobierno ofrecerá apoyo mediante diversas medidas de compensación, como reducción de precios, ayudas al plan estatal de vivienda o aumento de la oferta de vivienda social. Las competencias en materia de regulación de vivienda han sido transferidas a las comunidades autónomas, que serán responsables de implementar esta nueva legislación. No obstante, el Gobierno central podrá establecer un marco común sobre el cual todas podrán actuar.
La declaración de zona tensionada durará 3 años
La líder de la oposición en el Consistorio, Rita Maestre, iniciaba la jornada de este jueves con la presentación de un estudio elaborado por su fuerza política en la que, entre las distintas conclusiones, se señala que un 70 por ciento de los madrileños dedica más del 30 por ciento de su renta a pagar la vivienda, una cifra que según los datos de Más Madrid en algunas zonas escala hasta el 40 y el 50 por ciento en una ciudad que para Maestre "prácticamente está toda tensionada", con 16 distritos en esta situación y los cinco restantes al borde de estarlo, unido a que esta "crisis social" no es sólo cosa de jóvenes o de jóvenes que viven en el centro sino que afecta a toda la ciudadanía.
Más Madrid ha insistido en que ante estos datos el regidor, "no puede seguir pretendiendo que las cosas se van a arreglar solas". Al tiempo que le ha apremiado a “empezar por limitar los precios de los alquileres, al tiempo que se construye vivienda pública "de verdad". Maestre también ha cuestionado la línea de acción del Ejecutivo municipal en esta materia, que se centra en ampliar la oferta lejos de controlar los precios del alquiler. La edil ha señalado a los medios de comunicación que "durante la primera década de los 2000 en Madrid se construyeron 150.000 casas nuevas. El precio de la vivienda subió durante ese mismo periodo un 224 por ciento, es decir, construir más casas no asegura ni garantiza que el precio baje, al contrario, recalienta el mercado y hace que los precios aumenten. Así que hay que hacer exactamente lo contrario", han recetado.
La ofensiva de la oposición pasará también por el próximo Pleno municipal donde el grupo municipal socialista defenderá ante la Corporación la propuesta para que toda la ciudad pasea ser declarada zona tensionada. Desde el PSOE defenderán que el Consistorio inste a la Comunidad de Madrid a “dotar al Ayuntamiento de los instrumentos y medidas para frenar la escalada de precios de los alquileres que prevé la norma”. Pedro Barrero, el concejal encargado de llevar la iniciativa a Cibeles acusa al alcalde y a la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso de “hacer de la de la vivienda el negocio lucrativo para los más ricos y los que quieren especular, consiguiendo expulsar a vecinos de sus barrios de toda vida.”. Tras el debate en el Pleno de este mes, los socialistas replicarán la iniciativa en las sesiones de los 21 distritos.
La izquierda también se topa con el rechazo del Ejecutivo de Díaz Ayuso a limitar los precios del alquiler en la región. El encargado de lanzarles el jarro de agua fría ha sido el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que este miércoles volvía a rechazar avanzar en la línea que le solicitan desde Mas Madrid, PSOE y los municipios gobernados por la izquierda, al considerar que topar los precios "es malo para la oferta".
Para Rodrigo esta acción no impedirá la escalada de precios en los siguientes meses y defiende que, “nuestra principal idea es generar oferta por lo que vamos a rechazar las peticiones de Alcorcón, Getafe y Fuenlabrada” . Es un gran error y se ha demostrado en París y Berlín que es una medida que lleva al desastre", defendía este en un encuentro con universitarios en el Colegio Mayor San Pablo CEU, al tiempo que reconocía que "hay un problema en la región con la vivienda, al igual que a nivel nacional y europeo" y ha señalado que los precios de los pisos están "desorbitados". En este sentido, insistía que "el objetivo del Gobierno regional es generar oferta y suelo".