El sector agrícola es especialmente importante y frágil; por ello, desde finales del siglo XIX el proteccionismo agrario fue generalizado en las economías occidentales. Efectivamente, si en sectores como el industrial se puede regular de forma precisa la producción, no es así en el sector agrícola, donde las cosechas resultan aleatorias al depender de factores como el clima o el riesgo meteorológico -por lo perecedero de los productos-; a esto se suman otros factores de gran importancia, como la consiguiente volatilidad de los precios, las empresas de tamaño reducido, la estructura social envejecida de las explotaciones familiares o la baja movilidad de la mano de obra.
También hoy, cuando se pregunta a los agricultores por su sector, suelen decir que es una máquina de absorber dinero, para luego dar una pequeña rentabilidad que apenas compensa; pero que es lo que conocen y es difícil salir. En resumen, rentabilidad ajustada con grandes barreras de entrada y salida.
Durante el pasado siglo se usaron muchos instrumentos con objeto de proteger al sector agrario (subvenciones, aranceles, precios mínimos garantizados), y la Comunidad Europea optó por una Política Agraria Común (PAC), que es el mecanismo donde estamos desde nuestro ingreso en 1986.
La PAC se creó en los años 60, en un marco de déficit de los productos alimenticios, y se estableció con una serie de objetivos: aumentar la productividad, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor unos productos a precios razonables.
Nos encontramos, a efectos prácticos, con la política común más importante de la UE, ya que es la política europea que recibe más fondos -alrededor del 40% del presupuesto comunitario-. Se dirige a la creación de un mercado interior para los productos agrícolas sin obstáculos para su circulación, y supone la intervención del sector agrícola para lograr sus objetivos.
La PAC ha ido experimentando modificaciones desde su inicio, aunque las medidas medioambientalistas han ido ganando peso; principalmente partir de los años 90 y de forma exponencial. En las reformas iniciales se tendió a fusionar explotaciones agrícolas para crear unidades más grandes (reforma de 1970), posteriormente se creó un sistema de cuotas para algunos productos (1984), y más tarde se orientó el sistema a disminuir los precios y conceder ayudas compensatorias.
Durante los años 90 los aspectos medioambientales fueron cobrando un protagonismo creciente. En la reforma de 1992 se sustituyeron las medidas de apoyo a los precios por ayudas directas -incluyendo una cierta relación con la protección del medio ambiente-, y se establecieron más adelante (reforma de 1999) unas bases de la estructura rural acordes con la Agenda 2000-Agricultura de 1997, contemplando un enfoque global del sector agrícola y el desarrollo rural, e incluyendo también una función medioambiental y una agricultura sostenible. En la siguiente reforma (2003) se incluyó como objetivo un desarrollo sostenible y las subvenciones se desvincularon en su mayoría del nivel de producción, relacionándose directamente con el respeto del medio ambiente, la salubridad alimenticia y las normas sobre el bienestar animal. En la reforma de 2013 se limitó el presupuesto para las grandes explotaciones y se abordó la ecologización de los pagos, incluyéndose un pago específico ligado a aspectos medioambientales (el llamado “greening”) para que la agricultura fuera más sostenible.
El plan estratégico de la reforma de la PAC 2023-27 ya tiene tintes de fanatismo medioambiental. Establece unos objetivos genéricos biensonantes para salvar la naturaleza y, para ello, plantea unas medidas draconianas que estrangulan al sector. Se presenta como una política orientada a resultados concretos, que se vinculan a tres objetivos generales:
1) Fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo.
2) Apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, y la acción por el clima, y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París.
3) Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Estos tres objetivos se subdividen en 9 subobjetivos específicos: asegurar ingresos justos, incrementar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, acción contra el cambio climático, protección del medioambiente, conservar el paisaje y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, zonas rurales vivas, protección de la calidad de los alimentos y la salud y, finalmente, conocimiento e innovación.
Todos los países tienen que elaborar un Plan Estratégico de la PAC, y nuestro país ya tiene aprobado el Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), que pretende alcanzar los objetivos de la PAC y refleja las ambiciones del Pacto Verde Europeo. Nos encontramos con que la PEPAC tiene que estar condicionada por el Pacto Verde.
El Pacto Verde Europeo tiene un objetivo de neutralidad climática, materializado en que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en la UE en 2050. En una fase previa, para 2030, la Comisión Europea ha propuesto una reducción neta del 55% de gases de efecto invernadero (tomando como referencia los niveles de 1990).
Todo esto implica una reducción drástica de las emisiones, a la vez que se compensan aquellas que queden con actuaciones como la reforestación o la captura de carbono. En definitiva, supone un cambio radical de todas las políticas relacionadas con los aspectos climáticos, con todo lo que conlleva para la casi totalidad de los sectores; aunque algunos serán especialmente golpeados, como la energía, el transporte o la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, estos objetivos cargados de buenismo ideológico tienen una contrapartida en forma de objetivos cuantitativos que, aunque sobre el papel parezcan en muchos casos deseables, tienen un gran tufo a medidas de trazo grueso de corte político y funcionarial; con poco apego al campo y con una contrapartida incierta sobre el agro que hace dudar mucho de su sostenibilidad económica.
Para el sector agroalimentario, esto se plasma en objetivos cuantitativos para 2030 de gran calado y elevadísimo coste, como son: reducir para 2030 en un 50% el uso y riesgo de pesticidas de síntesis químicos y en un 50% el uso de los pesticidas de alto riesgo; reducción del 50% del exceso de nutrientes (especialmente fósforo y nitrógeno) y del 20% del uso de fertilizantes; reducir en un 50% las ventas de antimicrobianos para los animales de granja y en acuicultura y que al menos el 25% de la superficie agraria europea sea de agricultura ecológica. También para 2030 se pretende invertir la tendencia a la disminución de los polinizadores y que al menos el 10% de la superficie agrícola contenga elementos de paisaje de alta diversidad como los márgenes multifuncionales, muros, terrazas, charcas, etc.
Ya para rizar el rizo, nos metemos en el caso español. En nuestro país, como es habitual en materia medioambientalista, el Gobierno pone en práctica el refrán “Al que no quiere café, dos tazas”. Así, los agricultores y ganaderos se encuentran con un panorama más negro aún, que les golpea por todos lados. Sin ánimo de exhaustividad:
- Subidas de impuestos muy acentuadas, al igual que en otros sectores. Subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las cotizaciones sociales, sumadas a la burocratización de las exigencias de las administraciones, que requiere la contratación de trabajadores no productivos para rellenar trámites (esto es especialmente lesivo para las explotaciones pequeñas).
- Limitación del uso de pesticidas, que sitúa a los agricultores nacionales en inferioridad frente a terceros países, que pueden colocar sus productos en España usando pesticidas prohibidos. Frente a esto, las “cláusulas espejo” no resultan útiles por la asimetría entre los distintos países -especialmente en aspectos sociales y fitosanitarios-.
- Destrucción de más de cien embalses, empeorando los efectos de la sequía. Protección de los lechos de los ríos, destinándoles una parte del agua. Regulación de las distancias entre los árboles frutales.
- Ley de Cadena Alimentaria: norma que prohíbe las ventas a pérdidas. Es una ley de más que dudosa utilidad y difícil aplicación, que interfiere en el funcionamiento lógico del mercado y su mecanismo de selección. Esto además se aplica dentro de un sector donde es muy complejo calcular los costes, donde además terceros países pueden vender por debajo de los costes de las explotaciones españolas y donde, entre otras muchas incoherencias, no se contempla ni que el Estado compre a un precio mínimo garantizado.
- Medidas restrictivas para la ganadería (recordemos también los ataques desde las filas del Gobierno contra las macrogranjas): sobreprotección al lobo, con medidas disuasorias para quien intente proteger al ganado de sus ataques; medidas de prohibición del pastoreo de ovejas; obligación de mantener el Cuaderno digital -coloquialmente “diario de la vaca”-, donde se registra cada salida y entrada del animal en cada parcela agrícola (que llevará a requerir incluso dispositivos de geolocalización).
La única realidad tangible es que los agricultores van a tener que pagar mucho más. Si lo que se pretende es arruinar al sector agrícola, las medidas están bien encaminadas. Lo que no se explicita es el objetivo final de ahogar a este sector. Históricamente, y viniendo de un gobierno social-comunista, el propósito podría ser acabar con las pequeñas propiedades y crear unas grandes explotaciones estatales; o tal vez, en la actualidad, cambiar los cultivos por desiertos con huertos solares, con nuevos beneficiarios a nivel económico. Pero esto son sólo consideraciones basadas en el guion que ya escribieron los gobiernos comunistas en el siglo pasado, y que han dejado profunda huella en algunos países, como Ucrania.
Son comprensibles las movilizaciones del campo a las que estamos asistiendo en estos días, y el apoyo del público a las mismas. Esto no se arregla con unas pequeñas reformas, o con la retirada temporal de la ley con la que la UE pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos. Tanto en el ámbito de la Unión como en la parte que concierne a nuestro país, el campo está exigiendo un golpe de timón y un cambio de marco de actuación que le permita sobrevivir.
A nivel nacional, la estrategia del ministerio de marear la perdiz hasta que la situación se enfríe no parece que vaya a funcionar, porque los integrantes del sector que nos alimenta a todos no tragan con que para “salvar a la naturaleza” ellos tengan que arruinarse. Será porque desde hace siglos, para poder subsistir, los agricultores y ganaderos han sido los mayores interesados en la conservación del entorno natural.