Favorecer la detección temprana de casos de maltrato infantil y agilizar la comunicación para alcanzar una mayor coordinación entre las administraciones implicadas. Es el objetivo que persigue la Comunidad de Madrid mediante la puesta en marcha, este mismo martes, del nuevo protocolo que refuerza la protección de niños, adolescentes y jóvenes menores de edad en centros de salud. En concreto, el documento actualiza los indicadores que establecen la obligatoriedad -ética y legal- de notificar oficialmente la sospecha de que un paciente pediátrico sufre algún tipo de maltrato para todos los profesiones de la Atención Primaria.
“Hemos incorporado en los centros de salud un nuevo procedimiento para casos de sospecha de maltrato o violencia en niños y adolescentes. Esta herramienta va a facilitar la labor de los profesionales de las diferentes categorías que trabajan en Atención Primaria. Por un lado, dispondrán de una serie de indicadores que van desde casos leves a más graves y que les pueden facilitar esta detección, El protocolo también va a servir como ayuda a las familias en la protección de los menores. Toda esta actuación va a pivotar sobre los trabajadores sociales de los centros de salud, que son los profesionales que pueden ayudar tanto a sus compañeros como a las familias porque son también el nexo de unión también el sistema sanitario y social”, explica la jefa de Servicio de Trabajo Social de Atención Primaria Eva Toledano.
El procedimiento ha sido elaborado por un grupo de profesionales de las distintas categorías de Atención Primaria y Hospitalaria, partiendo de las necesidades que se plantean desde las propias consultas. La redacción de estos partes de notificación puede ser cumplimentada por cualquier categoría sociosanitaria de los centros de salud, incluyendo médicos de familia, pediatras, profesionales de Enfermería, odontólogos, higienistas dentales, matronas, fisioterapeutas, psicólogos. Con ello se pretende mejorar la coordinación entre los profesionales y el trabajador social, figura encargada de mediar entre lo sanitario y lo social en los casos más graves, agilizando así todo el proceso.
Entre las situaciones que se abordan con esta actualización figuran la violencia física, emocional, sexual o a través de Internet; cualquier tipo negligencia en los cuidados; abuso de nuevas tecnologías; sumisión química; mutilación genital femenina; trata y explotación sexual, o pertenencia a bandas delictivas.
En edades tempranas, aseguran desde la Consejería de Sanidad, estas realidades pueden repercutir sobre el rendimiento escolar de los menores, generarles trastornos del comportamiento, adicciones e incluso problemas de salud mental. También pueden condicionar su etapa adulta, tanto en el ámbito personal como laboral. Por el contrario, concluyen, las experiencias positivas en la infancia, como sentir el interés de los profesionales de la salud por su estado, podrían contribuir a compensar tales dificultades.