Celia G. Naranjo | Jueves 27 de diciembre de 2007
El dispositivo de acogida temporal de subsaharianos del Ayuntamiento de Madrid quedó cerrado este viernes por un período estimado de dos meses hasta que CEAR, la nueva adjudicataria del servicio, pueda ponerlo en marcha de nuevo. Cincuenta inmigrantes han sido reubicados en un hostal de Vallecas.
Cincuenta subsaharianos abandonaron este viernes los pisos de acogida en los que se encontraban rumbo al Hostal Welcome, situado en un polígono industrial de Vallecas, donde Cruz Roja y el Ayuntamiento han concertado otras tantas plazas para ellos hasta que se resuelva la situación del centro.
Así, este viernes, desde primera hora de la mañana, unos cincuenta subsaharianos procedentes en su mayoría de África Occidental aguardaban con sus enseres y su documentación a las puertas del centro de atención a subsaharianos, en la calle del Buen Gobernador, en Ciudad Lineal. Algunos acababan de enterarse de que el centro cerraba temporalmente y de que serían otras personas las que se encargarían de reanudar su funcionamiento. "Ellos confían en nosotros, no es justo que otros tengan que empezar desde cero un trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace más de dos años", se lamentaba un trabajador.
Fuentes del área de Servicios Sociales aseguraron a Madridiario que, a pesar de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la nueva entidad adjudicataria, necesitaría "unos días" para poner todo en funcionamiento de nuevo, los subsaharianos no quedarían desatendidos, pues se han concertado 50 plazas con un dispositivo gestionado por Cruz Roja en Vallecas para los inquilinos de los pisos.
Pero los trabajadores calculan que, en total, el centro custodia unos 900 expedientes de todos los subsaharianos que han pasado por allí durante dos años y medio de funcionamiento. Los cincuenta inquilinos de los pisos se han marchado a Vallecas, pero hasta que CEAR, nueva adjudicataria del servicio, ponga en marcha el centro de nuevo, todos esos expedientes quedarán paralizados.
Los todavía concesionarios han dispuesto de apenas dos semanas para cerrar la oficina. Según afirman fuentes del Grupo 5, "aquellos subsaharianos que tenían juicios pendientes se quedarán sin asesoría jurídica; los expedientes se han cerrado deprisa y mal... En dos semanas no se pueden cerrar una oficina y ocho pisos", concluyen dichas fuentes.
Así, los trabajadores del centro explicaban este jueves que algunos de los usuarios están "ilocalizables" porque se han ido a trabajar al campo como temporeros y han dejado en el centro su documentación. "Cuando vuelvan, se encontrarán con una persiana cerrada y no van a saber a dónde acudir, o con gente nueva que necesitará un tiempo para poner todo en marcha de nuevo", aseguran. Estos trabajadores indicaron además que esta documentación partirá por mensajería al Ayuntamiento, por lo que "quizá resulte difícil que vuelva a manos de sus propietarios".
Fuentes de Cruz Roja, encargada de gestionar las 50 plazas hasta el 28 de febrero, indicaron que durante estos primeros días se encargarán de evaluar caso por caso y de tramitar los expedientes de forma individualizada, para que cada uno de ellos reciba la atención que necesita.
El contrato del servicio, adjudicado a la empresa Grupo 5 en septiembre de 2005, termina el 31 de diciembre. La renovación estaba prevista por el Ayuntamiento por un valor de 578.691 euros para 2008, pero la empresa decidió no presentarse al concurso.
Según aseguran los trabajadores, el motivo de que Grupo 5 desistiera de concurrir esta vez para renovar la adjudicación es que el Consistorio recortó el presupuesto y la empresa consideró que con ese dinero le resultaría imposible ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, según figura en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, en 2007 el gasto de la prórroga del programa ascendió a 557.425 euros, por lo que el gasto previsto para 2008 resulta un 4 por ciento mayor. Fuentes de la empresa alegaron "razones de índole económico y organizativo" para no presentarse a la renovación del servicio.
"Incluso si conceden este servicio público a empresas, no deberían hacerlo por períodos cortos de uno o dos años, porque eso es jugar con las personas", declaró a Madridiario la concejala de IU Milagros Hernández. "Deberían hacer contratos a un plazo más largo para evitar situaciones como esta", añadió, "pero esa es la política del Gobierno municipal, que ni siquiera tiene una política de calidad para los servicios sociales".
Tanto los trabajadores del centro como la diputada socialista en la Asamblea Rosa Yolanda Villavicencio, que acompañó a los inmigrantes en su traslado, criticaron la "privatización de los servicios sociales", así como la "falta de previsión y la improvisación" con la que se ha llevado a cabo el cambio en la gestión del centro por parte del Ayuntamiento.
El día 13 de diciembre, los doce empleados del dispositivo firmaron el fin de sus contratos, aunque algunos, aseguran, han sido reubicados en otras áreas de la empresa, y los demás han quedado a la espera de nuevas vacantes en el seno del grupo.