Las organizaciones agrarias, Asaja, AGIM-COAG y UPA se reunirán este próximo jueves, 15 de febrero, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la sede del Ministerio en Madrid. Un encuentro que se celebra en medio de las movilizaciones y protestas del sector primario desde hace unas semanas y que continuarán durante este mes de febrero.
Se trata de la segunda reunión del ministro con las organizaciones agrarias en lo que va de mes, tras mantener la primera el 2 de febrero, antes de las movilizaciones. En la anterior reunión, Asaja, COAG y UPA ya informaron a Planas de su intención de mantener su calendario de movilizaciones con el que reclaman un "ambicioso" plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas.
Tras la tractorada “masiva” por la M-404 entre las localidades de Titulcia y Torrejón de Velasco este pasado lunes, las organizaciones agrarias han convocado una nueva concentración para este miércoles (14 de febrero) en Mercamadrid, el mayor centro logístico de España.
El calendario de protestas continuará con una manifestación el martes 20 de febrero por las entradas de Madrid, que “por el momento” no tiene autorización de la Delegación del Gobierno, y otra el sábado 24 de febrero en la sede la Comisión Europea. “Esta mañana nos han comunicado que no van a autorizar la entrada en Madrid con tractores, pero algo vamos a hacer. En eso estamos de acuerdo las tres organizaciones agrarias”, señala Jesús Anchuelo, secretario general de UPA Madrid, desmarcandose así de la Plataforma 6F.
Según ha explicado junto a la vicesecretaria de UPA Madrid, Mónica Álvaro, el ganadero Jorge Izquierdo y Juan Álvarez, del Bufete de abogados Eskariam, estas movilizaciones coinciden con las realizadas en otros países de la Unión Europea y reflejan "un notable malestar general por las últimas reformas en la Política Agraria Común y otras iniciativas europeas".
Los agricultores y ganaderos reclaman “unos precios justos que hagan viable el modelo de explotación familiar, mayoritario en la Comunidad de Madrid” y que se haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, por parte de todas las instituciones, con inspecciones y sanciones “más contundentes que sirvan realmente para proteger al sector”. “No tenemos que tener grandes explotaciones para poder ser viables”, apuntaba Mónica Alvaro, vicesecretaria de UPA Madrid.
Por otro lado, quieren que las ‘reglas del juego’ sean comunes “para todos los productos que se comercialicen en la Unión Europea” y, para ello, solicitan que se aplique las cláusulas espejo con la intención de “acabar con el ‘dumping ambiental y social”.
“No podemos exigir menos a los productos que vienen de fuera”
Solicitan que los productos agrícolas y ganaderos “no sean moneda de cambio en los acuerdos comerciales internacionales”, pues del sector primario “depende la seguridad alimentaria de un país y como tal debemos protegerlo”.
Asimismo, los agricultores y ganaderos son conocedores de las consecuencias del cambio climático, por ello, piden que se acompañe al sector en la búsqueda de soluciones para adaptar sus explotaciones a la realidad. “Queremos que esta adaptación se haga a través de la investigación, las ayudas directas y el acompañamiento, y no desde la imposición de políticas que no conocen la realidad del campo”. El medio rural ha sido modelado por el trabajo de agricultores y ganaderos durante siglos,sigamos confiando en su criterio para seguirlo manteniendo”, manifiesta Mónica Álvaro.
Álvaro ha calificado de “insostenible” el nivel de burocracia a la que se enfrentan los ganaderos y agricultores españoles, además la digitalización forzada ha creado “una brecha digital inasumible para el sector”. La vicesecretaria de UPA Madrid ha puesto como ejemplo que las explotaciones tienen que registrar “todos los días” sus recibos y parcelas en un cuaderno digital que en mucha ocasiones resulta complicado de acceder, ya sea por la cobertura o porque aquellas personas que tienen que manejar estas herramientas en su día a día no están formados para ello.
"Cada vez que muevo el ganado tengo que pedir autorización, si tengo que desbrozar tengo que pedir un permiso y pegar una tasa, dos documentos para quemar residuos de poda y así con todo. Muchos agricultores no quieren pedir permiso para poner un vallado para que no se coman la siembra los conejos por las veces que tienen que llamar a las administraciones, presentando papeles por separado", confiesa.
Por otro lado, piden que se refuerce el personal de la Consejería de Agricultura y Ganadería y las delegaciones de agricultura de la Comunidad de Madrid, ya que son “el vínculo que tienen los ganaderos y agricultores con las administraciones locales”. Mónica Álvaro ha criticado que la Comunidad de Madrid tenga "expedientes atascados" a falta de respuesta de dos, tres o hasta cinco años cuando a ellos les piden un breve tiempo para justificaciones para pedir cualquier tipo de ayuda. "En la Comunidad los invernaderos no se pueden legalizar porque no se tiene en cuenta al agricultor cuando se hacen las leyes", ha añadido. Por ello, ha rogado una burocracia sencilla fácil de encontrar y no exigir firmas digitales para todo ni mucho menos la digitalización general ante la falta de formación, el envejecimiento del sector primario o la falta de Internet en muchas zonas rurales.
Por todo ello, consideran que les sobran los “motivos y las ganas” para defender a un sector que es la base de “una economía equilibrada y los cimientos sobre los que se construye una sociedad libre”.
Los representantes de UPA han aprovechado la rueda de prensa para exponer el problema de los falsos positivos y gastos derivados de los animales con tuberculosis. Según el ganadero Jorge Izquierdo, en el último año han sido sacrificados 450 animales por esta enfermedad solo en la Comunidad de Madrid.
Izquierdo también ha señalado otro de los problemas que tiene la ganadería madrileña: el envejecimiento del sector, cuya media de edad se encuentra entre los 64 y 65 años. Para ello, la UPA exige al Gobierno regional facilitar crear más ayudas y facilitar el acceso a las ya existentes.