Vanessa Rivera se levanta por la mañana gracias a su despertador. Empieza el día con un descafeinado, una tostada y cinco pastillas para ayudarse con la ansiedad y la depresión, entre otros. En los últimos meses ha abierto un negocio de joyería, es orfebre. Cada mañana, si su migraña se lo permite, se sienta en el banco de trabajo situado en su casa móvil de 32 metros cuadrados para obrar la plata. Vanessa es una de las usuarias del camping 'La Fresneda', ubicado en Soto del Real, que está luchando para no quedarse sin hogar.
En dos semanas se cumplirá un año desde que la licencia de ocupación de terreno de la empresa del camping 'La Fresneda' expiró. Un mes después, en abril de 2023, -y sin llegar a un acuerdo viable- el Ayuntamiento de Soto del Real envió una notificación a los usuarios del camping para que desalojasen el terreno. Fue ahí cuando los campistas comenzaron un proceso jurídico por la vía administrativa, ya que esta vez la Comunidad de Madrid pedía que se desalojase el terreno.
“Pedimos unas medidas cautelares porque después de la pandemia tenemos una serie de usuarios que tienen una especial vulnerabilidad y no tienen un plan B”, explica Ricardo Hernández, portavoz de los usuarios del camping. “Las cautelares se nos han denegado en el Tribunal de Justicia de Madrid. Entonces ahora mismo esas cautelares se van a elevar al Tribunal Supremo”.
"El acoso y derribo es bestial"
De momento, los campistas no disponen de los servicios públicos del municipio, como el de basuras o el servicio de entrega y recogida de bombonas de butano. Se ayudan entre ellos, sobre todo a los jubilados que necesitan asistencia a la hora de hacer la compra, por ejemplo. En cuanto a otros servicios, Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real expone: “El Ayuntamiento ha asumido los costes de luz, de agua y todas las obras que ha habido que hacer, porque no se puede cobrar, porque no puede haber una actividad y por lo tanto, el Ayuntamiento no puede habilitar mecanismos para cobrar absolutamente nada”. Aun así, Ricardo Hernández denuncia que el Ayuntamiento de Soto llegó a no pagar la luz durante tres meses y la compañia contratada casi les corta el servicio: "El acoso y derribo es bestial".
“Es un espacio municipal que pertenece al Ayuntamiento, que si se va a utilizar en una actividad distinta del la ganadería o agricultura, su uso debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid”, manifiesta la alcaldesa de Soto del Real. Alega que la autorización de ocupación, que se creó en 2008 para realizar un uso privado de dicha dehesa, establece que al terminar la cesión para el uso privado se debe desalojar.
Actualmente viven entre 15 y 20 familias en el camping, que si es desalojado no tendrían donde ir a corto plazo. “Y por lo menos 10 viven en especial vulnerabilidad”, añade Hernández. Los usuarios son autónomos que viven o trabajan en diferentes comunidades, jubilados, personas con hijos y también mujeres y hombres que se separaron y a raíz de la pandemia por el Covid-19 se compraron una casa móvil. “Les era más económico el venir aquí, no se podían permitir un alquiler al uso”, explica Vanessa Rivera. “Entonces invirtieron sus pocos ahorros en comprar una casa móvil y vivir aquí, dentro o no de las comodidades, pero que económicamente podemos permitirnos”. Ella es una de las que ha comprado una casa móvil con un préstamo del que le falta pagar seis años. “Si pierdo mi casa, pierdo mi trabajo porque mi taller lo tengo aquí instalado, o sea, pierdo todas opciones”. Vanessa acudió a los Servicios Sociales para exponerles la situación, estudiaron su caso y le proporcionaron un informe sobre las consecuencias del desalojo: “Si se lleva a cabo el desalojo, a mí me dejaban en una situación de alta vulnerabilidad”.
"Si pierdo mi casa, pierdo mi trabajo"
Los campistas y el Ayuntamiento de Soto del Real -la Comunidad de Madrid no ha participado- se reunieron para llegar a unos acuerdos el año pasado. Vanessa explica que el Ayuntamiento puso sobre la mesa el desalojo del camping y, cuando estuviese establecida la nueva empresa, volvieran a meter las casas móviles, autocaravanas y demás enseres. Los campistas han rechazado esta medida y han mostrado su descontento, ya que una casa móvil necesita una grúa de alto calibre para ser trasladada. “El mover esta casa cuesta de 2.000 a 4.000 euros”.
Pero no es solo eso, dada la alta ocupación de los campings en la Comunidad de Madrid, el problema también se centra en la escasez de parcelas libres. Y en todo caso, otros campamentos les ofrecen comprar otra casa móvil. Se les presentó la opción de llevar las casas móviles a una parcela de Arganda del Rey- a una hora de la actual ubicación- por 300 euros al mes y sin seguridad para sus hogares. Vanessa calculó el coste de esos meses llenos de incertidumbre en los que aparte de pagar el préstamo por su casa móvil, el alquiler del terreno en Arganda del Rey y dos transportes con la grúa de alto calibre, tendría que pagar otro alquiler, el de la casa en la que viviría ese período de tiempo: "Es inviable. Por eso estamos defendiendo que si realmente van a abrir un camping, qué necesidad hay de tener que mover las casas cuando en pasadas gestiones no ha existido necesidad de hacerlo'".
El grupo Más Madrid presentó el 7 de febrero el caso en la Asamblea mediante una pregunta escrita que, hasta el momento, no ha obtenido respuesta del Gobierno regional. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior delega la responsabilidad en el Ayuntamiento de Soto del Real, que insiste en que para que se otorgue la licitación a otra empresa, el terreno debe estar vacío.
“Ojalá esta situación cambie y pueda permitirme irme de aquí. Si es que yo me iría de aquí encantada. […] No estoy aquí porque yo elija vivir así, sino porque no me puedo permitir estar en otro sitio”, agrega Vanessa Rivera