Con el ruido de la protesta convocada por los estudiantes de Formación Profesional sin acceso a prácticas de fondo arrancaba el nuevo periodo de sesiones en la Asamblea de Vallecas. La cuestión, como cabía esperar, ha despertado un importante revuelo en sede parlamentaria. Y es que los pagos de hasta 500 euros exigidos por convenio en hospitales de la red pública, aunque bajo un modelo de gestión privada -como es el Infanta Elena de Valdemoro, comandado por Quirón Salud- para acoger alumnos en prácticas han sido tildados por la oposición a Isabel Díaz Ayuso de “ilegales”. Desde el Grupo Parlamentario Popular, como ya hiciese este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, niegan tener constancia de los cobros.
Para la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, la cuestión se reduce a los “privilegios” de los que, a su parecer, gozan las entidades de titularidad privada en la región. Así, defiende la portavoz, la propia presidenta es quien debería “salir ahí” y explicarles a los estudiantes “de la pública” convocados frente a las puertas de la Cámara “cómo es posible que se privilegie de esta manera a los centros privados”. Algo que considera “aún más grave” en centros que, pese a ser de gestión privada, continúan perteneciendo a la red pública: “Nos solidarizamos con los estudiantes y damos voz a su demanda, que es de sentido común”. El argumento de Bergerot bebe de los supuestos acuerdos alcanzadas por estos centros privados para el abono de las tasas. A fin de “investigar” si tal situación tiene o no réplica en otros hospitales madrileños “le vamos a exigir al consejero de Educación, Emilio Viciana, que se reúna con los estudiantes y garantice que no va a favorecer a los de la privada con plazas públicas”.
Más contundente aún se ha mostrado Juan Lobato. Tras reunirse con los alumnos, el portavoz socialista ha mostrado su disconformidad en torno a la incapacidad del Gobierno autonómico para ofrecer prácticas que son “necesarias para titular”: “Es un tema que me parece dramático. Es un drama para los alumnos, pero también para el propio sistema porque la Comunidad ha demostrado que no es capaz de ofrecer prácticas que son obligatorias para titular. Plazas que se pueden dar en los mismo servicios públicos que gestionan”. Para más inri, añade, tales pagos serían “ilegales” pues atentan “contra la Ley de Tasas y lo que debería ser un servicio público”. Es por ello que, con vistas al Pleno del próximo día 15, el PSOE-M ha solicitado la comparecencia de Viciana: “Hemos pedido que venga el consejero para explicar un caos que no es nuevo. Ya lo advertimos en septiembre. Queremos que venga, de la carita y exponga las soluciones que va a dar de forma inmediata”.
"Este tipo de pagos no existen"
Desde Vox, Rocío Monasterio plantea una tercera vía para resolver el entuerto. Se trata, siguiendo el modelo adoptado por “algunas universidades privadas”, de asumir el pago de las tasas exigidas por los hospitales con dinero público. “Las prácticas son fundamentales. La Comunidad tiene que hacer un esfuerzo y pagar esas prácticas al igual que ha hecho ya alguna universidad privada. A esto sí que se debe destinar recursos y no a pagar miles de euros a los sindicatos para que se vayan de mariscada”, argumenta.
El primero en abordar la cuestión, antes incluso del inicio de la sesión plenaria de este jueves, ha sido el portavoz Popular, Carlos Díaz-Pache. Siguiendo idéntica línea argumental a la expuesta en el día de ayer por el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el número dos de Díaz Ayuso en la Asamblea reconoce que existen “ciertos problemas” y “cierta tensión” en los hospitales para acoger a todos los alumnos de Formación Profesional a raíz del incremento en la demanda de plazas. En cualquier caso, matiza, desde la Comunidad de Madrid no tienen constancia alguna de la existencia de tales tasas. “En los hospitales públicos de la región no existen ese tipo de pagos. No sé si hay algún caso particular que debamos revisar, pero yo lo desconozco”, zanja.