Desde que se produjo la reincorporación del doctor Pedro de la Oliva como jefe de servicio de la UCIP tras ser cesado años atrás por varias denuncias de acoso laboral, los facultativos adjuntos que desempeñaban sus puestos en la misma se dieron de baja o renunciaron a sus contratos, de modo que desde la semana pasada, esta unidad está atendida únicamente con el citado jefe de servicio y otro facultativo. Esta situación ha movido al Defensor del Pueblo a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo, que ha emprendido esta actuación de oficio con la intención de conocer mejor la situación y encauzar el funcionamiento normal de la UCIP, ha solicitado que "se afronten las causas aducidas que han provocado esta situación y se adopten las medidas necesarias para que este servicio fundamental vuelva a funcionar con normalidad a la mayor brevedad posible", señalando los peligros que esta ausencia sanitaria puede ocasionar a los pacientes y, principalmente, a los programas de trasplantes pediátricos, siendo algunos únicamente realizados en este hospital.
La derivación de pacientes a otros hospitales, la suspensión de actividades quirúrgicas y la dificultad del mantenimiento de la labor docente de médicos en formación, también han supuesto, no solo malestar y preocupación en los familiares de los ingresados, sino una alarma general en otras Unidades de Cuidados Críticos las cuales encuentran con una “sobrecarga asistencial” y un gran aumento inmediato de la lista de espera quirúrgica con la que se ven obligados al traslado de los pacientes a otros hospitales.
Este viernes la Consejera de Sanidad Fátima Matute ha señalado que el Gobierno regional y la Gerencia del Hospital Universitario de La Paz trabajan en la "vía legal" para buscar una solución a la situación que se vive en la UCIP del centro y ha lamentado que "los tiempos judiciales" no sean más rápidos.
"Estamos intentando buscar las soluciones por la vía legal, para solventar cuanto antes esta situación, pero estamos en manos de la justicia y como no puede ser de otra forma, nosotros acatamos y seguimos los plazos y los dictámenes que se hacen", ha dicho. Matute ha recordado que la Comunidad ha presentado sus alegaciones y está a la espera de que se resuelvan.
"Hemos acatado una sentencia judicial y los tiempos judiciales son más largos de lo que nos gustaría. El 31 de enero estamos esperando que se resuelvan unas alegaciones", ha explicado la consejera. "Entre tanto, estamos trabajando junto con la dirección de gerencia del hospital para intentar buscar soluciones dentro del marco legal que podemos trabajar".
Además, de forma paralela, la Gerencia del hospital y el resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) están centrados en garantizar que la asistencia sanitaria para los niños que requieran estos cuidados "siga dándose tanto en el hospital o, como si hace falta, en otros que nos apoyen".