Los familias de personas mayores fallecidas en las residencias durante la primera ola de la pandemia se manifestarán este martes ante el Ayuntamiento de Leganés para reclamar a su alcalde, Miguel Ángel Recuenco, del Partido Popular, que formalice el recurso de casación interpuesto en el Tribunal Supremo por el anterior Gobierno local del PSOE para que se investiguen las muertes por Covid en estos centros.
Marea de Residencias, junto con Verdad y Justicia, la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (ADEMAF) y Unión Residencias Leganés (URL) han convocado la concentración a las 9.30 horas para exigir "claridad y total transparencia" al respecto.
"Consideramos de vital importancia la admisión del recurso, que ofrece la oportunidad de que el Tribunal Supremo se pronuncie creando jurisprudencia y abriendo la puerta a un marco jurídico para actuaciones en posibles futuras situaciones de crisis como la vivida en 2020", han señalado los convocantes a través de un comunicado.
En este punto, han aludido a la "ausencia de respuesta" del alcalde, quien "no ha contestado siquiera" a sus dos solicitudes de reunión, critican, tras apuntar que el regidor "no debe paralizar, por intereses partidistas, una jurisprudencia vital y de interés general".
En el último Pleno, el alcalde confirmó su anuncio de semanas atrás de que respetaría la decisión que adoptase la Asesoría Jurídica municipal sobre la formalización o no del recurso, sobre lo cual aseguró que aún no había habido decisión adoptada al respecto.
Leganés fue una de las ciudades más afectadas por esta situación, lo que llevó al anterior Gobierno local del exalcalde Santiago Llorente a interponer recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que la Comunidad de Madrid, competente en la materia, medicalizase estos centros, recurso que fue desestimado por el tribunal.
Tras ello, el Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite y, este mes de octubre, el nuevo Gobierno, del PP, deberá formalizarlo ante el tribunal. "De lo contrario, se dejaría abandonado el recurso impidiendo al Supremo pronunciarse", creen los socialistas.
Los pasados días 15 y 16 de septiembre se reunió la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presidida por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y promovido por Marea de Residencias y Verdad y Justicia, para examinar las muertes ocurridas en las residencias durante la pandemia de Covid-19.
Además, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió el pasado 20 de septiembre dar seguimiento a la petición ciudadana de estas plataformas para estudiar las muertes.
Las plataformas convocantes critican que las derivaciones desde las residencias a los hospitales "se desplomaron a partir del 6 de marzo" y los protocolos del Gobierno autonómico "impidieron el traslado de pacientes a hospitales públicos" y "tampoco se medicalizaron las residencias".
El pasado 23 de marzo, el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur declararon el pasado 23 de marzo en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.
Reyero volvió a testificar por segunda vez en junio en una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó previamente, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia.