En vista de las dificultades con nuestras pensiones, enquistadas y acumuladas en el tiempo, se hace lógico valorar cuál debería ser el mejor sistema de cara al futuro.
Los sistemas de pensiones, como ya se conoce, diseñan básicamente mecanismos que garanticen la financiación del consumo de los trabajadores durante la vejez o invalidez de los mismos o, en su caso, de sus dependientes cuando el trabajador muera.
Con arreglo a la doctrina, los beneficios y contribuciones del sistema de pensiones se pueden establecer por medio del esquema de beneficio definido o el de contribución definida. En el esquema de beneficio definido, los fondos que el trabajador percibe en el momento de su jubilación se fijan con base en el salario percibido al final de su etapa activa, o a lo largo de los años actualizados y el tiempo que haya cotizado.
En los sistemas de contribución definida, el monto de las contribuciones es fijo, y los fondos recibidos al llegar el retiro dependen de la acumulación de las contribuciones y su capitalización. Además, se suele establecer una pensión mínima garantizada, ya que el Estado, basándose en el principio de solidaridad, puede complementar la parte que el trabajador no cubrió con sus contribuciones.
Los mecanismos de financiación de los sistemas de pensiones son mediante la capitalización o el reparto.
En los sistemas de capitalización se crea un fondo autofinanciado de pensiones. Las cotizaciones -voluntarias u obligatorias, según se configure el sistema- se canalizan a un fondo que se capitaliza en función de los instrumentos de los mercados financieros en que se invierta. Las pensiones, finalmente, surgen de la conversión en un flujo de anualidades de los derechos sobre el fondo acumulado por cada generación de trabajadores. En cuanto a la administración de los fondos, puede ser pública, privada o una combinación de ambas.
En los sistemas de reparto, las pensiones actuales se financian con la parte de los ingresos que los ocupados destinan a su sistema de pensiones. Se realiza una transferencia intergeneracional, que es un mecanismo de redistribución de renta desde los ocupados hacia los jubilados (Samuelson, 1958). Un aumento de la demanda de las pensiones a causa de un incremento de la población de la tercera edad o de su longevidad, llevará a una elevación de las cotizaciones o impuestos de la población ocupada destinados a financiar el sistema -si no se quiere entrar en una crisis-.
El sistema de pensiones nació como un instrumento de la seguridad social y, como ya vimos en el anterior artículo fue implantado durante el gobierno de Bismarck en Alemania. Uno de los debates más relevantes sobre el sistema de pensiones ha venido siendo el de la posible migración de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, que ha sido el fundamento de la evolución de los planes de pensiones durante los últimos años.
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
Siguiendo a D. Leitch (2020) en su descripción de la evolución de los sistemas de pensiones durante los últimos treinta años, hasta comienzos de los años 90 la mayoría de los países del mundo tenía sistemas de reparto: se asegura una pensión definida -beneficio definido que se financia por las contribuciones de los trabajadores durante este mismo período-.
Una primera ola de transformaciones, entre los años 90 y mediados de los 2000, fue originada principalmente por los crecientes costos fiscales de los sistemas de reparto con beneficio definido. Se caracterizó por la introducción de la contribución definida (los trabajadores deben contribuir con un monto fijo de su salario al sistema en vez de asegurarles una pensión fija), en la que destacó la creación de un sistema de capitalización individual (las contribuciones definidas se invierten en los mercados financieros y se guardan en cuentas individuales para configurar la pensión final al terminar la vida laboral). Un ejemplo señero fue Suecia, cuya reforma arrancó en 2001, basada en un nivel básico no contributivo (pensión garantizada) y dos niveles contributivos: una parte mediante cuentas individuales nocionales y otro mediante un sistema de capitalización en el que los trabajadores aportan a fondos de pensiones gestionados por entidades privadas.
Treinta naciones a mediados de los 90 habían migrado desde un sistema de reparto estatal, hacia sistemas mixtos, que añaden al sistema de reparto pilares de contribución definida individual (Orenstein 2011). Sin embargo, entre 2005 y 2010 muchos países de Europa Central y del Este (como Polonia, Letonia o Hungría), ante el aumento de los costes fiscales, pausaron o desandaron este camino.
La segunda ola se dio a partir de 2008. La desconfianza tras la crisis desaceleró la privatización, llevando a que los sistemas de contribución definida se asociasen -aparte de a proveedores privados- también a organismos públicos de pensiones. Actualmente, la contribución definida se concreta en pensiones ocupacionales, públicas o privadas, la creación de cuentas nocionales (incorporando la contribución definida a los sistemas de reparto, con una mayor correlación con las cotizaciones del trabajador, reflejando más fielmente su esfuerzo contributivo) y la adscripción automática a vehículos voluntarios privados.
En la actualidad, existe una enorme mayoría de sistemas mixtos que combinan componentes de reparto y de capitalización individual (las dos estructuras generales que existen en los sistemas de pensiones). No obstante, dentro de los sistemas mixtos hay una gran heterogeneidad.
España, durante estos años, perdió la oportunidad de hacer -en línea con países como Suecia- unas reformas fundamentales que garantizasen la estabilidad a largo plazo del sistema. Con la influencia del Pacto de Toledo (comisión parlamentaria nacida en 1995, con representación de todos los partidos políticos y que discute, analiza y propone medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema) se ha tendido básicamente a mantener el sistema de reparto y las pensiones indiciadas al IPC.
Para conocer la calidad comparada de los sistemas de pensiones, el estudio más completo es el ranking Mercer CFA (conocido así desde 2020; hasta 2019 conocido como Melbourne Mercer Global Pension Index o MMGPI). Para su elaboración se evalúa cada sistema de acuerdo con tres indicadores: adecuación, sostenibilidad e integridad.
El país líder del ranking es Holanda, seguido de Dinamarca, Israel y Australia. Para completar el top 10, les siguen Finlandia, Suecia, Singapur, Noruega, Canadá y Nueva Zelanda. De la evidencia comparada de los 10 mejores sistemas de pensiones (D. Leith, 2020) se pueden extraer una serie de elementos fundamentales para ser tomados en consideración:
En primer lugar, se está migrando desde los sistemas de beneficio definido hacia los sistemas de contribución definida. Entre estas transiciones destaca la modalidad del sistema de reparto de cuentas como cuentas nocionales, que han sido utilizadas por ciertos países europeos (Suecia, Noruega, Italia, entre otros).
Por otro lado, se ha aumentado la edad de jubilación con indiciación a la esperanza de vida e igualdad entre hombres y mujeres. Los sistemas se están dotando también de mecanismos de ajustes continuos o automáticos para adaptarlos a los cambios en las condiciones demográficas y fiscales, a la vez que se están imponiendo aumentos en las tasas de cotización y de la extensión de las mismas y requisitos de acceso más estrictos para acceder a las pensiones públicas.
Por último, y de forma no menos importante, se está incentivando el ahorro voluntario privado mediante los planes personales de pensiones y los beneficios tributarios.
Si nos centramos en nuestra Nación, podemos observar que en 2020 España se sitúa en el puesto 22 de los 39 sistemas de pensiones analizados; no obstante, su sostenibilidad económica se mantiene a niveles tan bajos como el penúltimo país del ranking: Argentina.
Que la sostenibilidad del modelo español tenga un nivel tan sumamente bajo no es casualidad: el modelo español, de tipo contributivo --o bismarckiano-, de reparto y de prestación definida, sigue amenazado por una pirámide poblacional invertida (causada principalmente por una mayor esperanza de vida y unas tasas de fecundidad muy bajas).
En España, el fenómeno de engrosamiento de la pirámide poblacional y la difícil sostenibilidad futura del sistema de pensiones ya se conocía sobradamente en los años ochenta. No obstante, cada una de las reformas del sistema de pensiones español ha estado orientada a mantenerlo sólo unos años más, minimizando los efectos negativos electorales. Nunca se ha abordado una reforma en profundidad del mismo; y en esta línea va también la reforma reciente, que se ha concentrado principalmente en aumentar las cotizaciones sociales para aguantar un poco más.
En línea con los países con mejores sistemas de pensiones, España tendría que avanzar hacia un sistema mixto, en el que conviviera el actual sistema público de reparto con un sistema de capitalización sustentado por el ahorro privado. Seguimos con el deterioro gradual del sistema, quemando las oportunidades de poder hacerlo de forma progresiva y evitar los efectos negativos iniciales del proceso. Con el tiempo, esto se hará poco menos que inevitable, y alguien le tendrá que poner el cascabel al gato.