Apoyar y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para evitar nuevas fugas al extranjero. Esa es la receta planteada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, tras darse a conocer el el día de ayer la propuesta de fusión entre la matriz y Ferrovial International y que supondría el traslado de domicilio social de la multinacional a los Países Bajos.
Con el objetivo de prevenir un posible efecto contagio y evitar que otras grandes empresas sigan los pasos del gigante de las infraestructuras y los transportes, desde el Ejecutivo madrileño exigen al central que cese sus “ataques verbales” a las grandes compañías que operan en nuestro país. “El Gobierno de Pedro Sánchez continúa atacando verbalmente a las empresas. Esta vez ha sido Ferrovial, ayer Mercadona y antes El Corte Inglés. Nosotros, en cambio, estamos aquí para apoyarlas”, ha manifestado el mandatario tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en la Real Casa de Correos.
Frente a lo que califica de “agresividad verbal” y “términos impropios”, Lasquetty ha puesto el foco de la cuestión en la falta de seguridad jurídica que, a su juicio, existe en nuestro país. “Lamentamos que las empresas encuentren mayor seguridad jurídica en otros países. Los malos actos del Gobierno central tienen consecuencias para España y los españoles. Esperemos que el cambio en Moncloa llegue pronto y anime a las empresas a regresar”, ha añadido.
En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la salida de Ferrovial confirma que el presidente del Gobierno "prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal", que va a "arruinar" el país. Asimismo ha defendido que las empresas "cuentan con el respaldo de la Comunidad de Madrid". "Es insensato que el Gobierno las señale", ha publicado la dirigente regional en su cuenta de Twitter.
Otra de las “políticas facilitadoras” aprobadas este miércoles por el autonómico es la creación de un “acelerador de proyectos empresariales” que agilice los trámites burocráticos y fomente la inversión, contribuyendo así al crecimiento económico de la región. “Todo aquel que quiere arrancar o ampliar un proyecto, sin necesidad de ser un negocio grande o gigantesco, se enfrenta a un calvario. Queremos evitar que la burocracia, el papeleo y otras cuestiones retrasen las inversiones o incluso las impidan”, ha argumentado el consejero
Sin coste alguno para la administración pública y sin reducir la normativa regional, este nuevo grupo de trabajo, que implicará a las consejerías de Economía, Medio Ambiente y Urbanismo, así como a los ayuntamientos, viene a “crear un marco que anime tanto a los empresarios madrileños como a los que vengan de fuera a invertir, arriesgar y competir”.
En concreto, se considerarán “prioritarias” todas aquellas inversiones que den lugar a más de 50 puestos de trabajo con contrato indefinido. También podrán disfrutar del servicio las compañías cuya inversión no inmobiliaria alcance los 10 millones de euros. “Llevamos implementando este tipo de medidas más de 20 años. Se trata de reducir impuestos y trabas burocráticas para atraer talento e inversión. Por eso hemos crecido el doble que el resto de las regiones del país”, ha concluido Lasquetty.
Las solicitudes de esta nueva herramienta serán atendidas en menos de 30 días, y, en caso de ser aceptadas, se tramitarán por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos al mínimo legal posible. El decreto con la creación de la aceleradora de inversiones se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial regional para su entrada en vigor a lo largo del mes de marzo.