En el número ocho de la plaza de Chamberí se sitúa una de las oficinas de registro pertenecientes a la Consejería de Hacienda. Por sus puertas han pasado esta mañana Mónica García y su compañero Eduardo Gutiérrez, con un documento que pretende activar la vía judicial sobre el procedimiento administrativo de unos 1.200 millones de euros aprobados por la Comunidad de Madrid durante 2020, 2021 y 2022 mediante la figura de la "convalidación de gasto". Según los denunciantes de Más Madrid, sospechan que este dinero público haya sido adjudicado de forma irregular y están decididos a llegar al Tribunal de Cuentas en caso de que el área que dirige Javier Fernández-Lasquetty no argumente la legitimidad de estos contratos.
A expensas de respuesta oficial por parte del Ejecutivo regional, en el documento presentado en registro y al que ha tenido acceso este diario se detallan los contratos específicos de los que sospecha la formación progresista, a lo que se suma el señalamiento del papel de la anterior interventora general de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda, destituida en julio de 2022 después de casi cuatro años en el cargo. Exponen que la técnica de la convalidación de gastos, que tiene un carácter excepcional, "se ha convertido en un procedimiento de contratación más para la Comunidad de Madrid, habiéndose convertido en práctica habitual los pagos mensuales a diferentes proveedores sin licitar públicamente los servicios que venían prestando".
Este paraguas contractual, el de la convalidación de gasto, es el eje fundamental de la denuncia ya que permite a una Administración evitar la senda habitual del concurso público y de la fase de alegaciones, entre otros estadíos. Apuntan que la "concurrencia del volumen desproporcionado de la convalidación de gastos, la aparente parálisis del Ejecutivo autonómico para licitar los principales contratos de servicios que sólo benefician a los contratistas que ya estaban prestando los servicios, el incremento injustificado del precio del contrato, unido todo ello a la opacidad en la tramitación de los expedientes y en el traslado del contenido íntegro de los mismos, siembran una sospecha cierta sobre la existencia de conductas dolosas o imprudentes que han causado daño a la Hacienda autonómica".
En cuanto a las cantidades aprobadas entre 2020 y 2022, en dicho documento detallan que el mayor monto tuvo lugar en 2021. "El mero detalle económico del volumen que representa la convalidación de gastos en la Comunidad de Madrid: 1.270.530.950,89 euros (415.888.747,46 euros en 2020; 774.422.053,64 euros en 2021; y 80.220.149,81 euros en la primera mitad de 2022), respecto de otras Administraciones Públicas, además de indicar una negligente gestión del recurso público, es indiciario de conductas que, si resultan dolosas o imprudentes, suponen responsabilidad contable que debe ser exigida a los que han autorizado los diferentes pagos", argumentan.
Fuentes cercanas a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo rechazan la viabilidad de la denuncia y defienden la legalidad de los más de 1.200 millones de euros en diferentes contratos adjudicados por la vía de la consolidación de gasto. "Todos los contratos cuentan con los controles pertinentes: intervención, Cámara de Cuentas, Transparencia y el Tribunal Administrativo de Contratación, así como de la propia Asamblea de Madrid, que tiene una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones", aseguran.
Sobre la intencionalidad política que pueda hallarse en la interposición de dicha denuncia de Más Madrid, el propio consejero Javier Fernández-Lasquetty asegura que no es la primera vez que García y Más Madrid tratan de iniciar un proceso judicial en vano. "Es especialista en hacer denuncias en falso, lo hizo con las residencias de ancianos, con las mascarillas, con el Hospital Isabel Zendal y con las camas del Hospital Puerta del Hierro y todas fueron archivadas. Lo que hace Mónica García es denunciar cada dos por tres cualquier cosa y nunca le dan la razón. En este caso tampoco se la van a dar", vaticina el titular de Hacienda en la Comunidad de Madrid
"Queremos que la Consejería de Hacienda abra expediente, una denuncia interna para que se diluciden cómo es posible que todas estas convalidaciones de gasto no hayan pasado por ningún tipo de concurrencia ni publicidad", asegura la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid minutos antes de presentar la denuncia. En cuanto a las compañías vinculadas con estas convalidaciones de gastos, García señala a Quirón y a otras empresas dedicadas a la seguridad y limpieza de edificios públicos dependientes en su mayoría de la Consejería de Sanidad.
Ni estos contratos ni, por ende, dichas empresas han pasado por los trámites ordinarios hechos que lo relacionan con el cese de la antigua interventora Marta García Miranda. "No pasan por el interventor estas convalidaciones de gasto y se saltan todo el procedimiento de contratación pública. Es una manera para pasar bajo cuerda dinero a determinadas empresas. Queremos que lo justifiquen y si no lo hacen iremos al Tribunal de Cuentas para denunciar estas irregularidades y pagos que son el modus operandi del PP con sus empresas amigas", ha avisado la portavoz.
Todo ello, según preven, puede enmarcarse en "delitos de corrupción, delitos contables" porque han ido 1.200 millones "bajo cuerda" a "los sospechosos habituales". "El delito contable es no haber hecho el procedimiento bien, pasando por la fiscalización y no hacer la fiscalización posterior. Te saltas la fiscalización aludiendo criterios de emergencia (...) Estamos hartos de que el dinero se vaya por el sumidero de la corrupción", ha lamentado