MDO | Jueves 20 de diciembre de 2007
El Consejo de Gobierno de la Comunidad acordó el cierre total y definitivo de dos residencias de ancianos de titularidad privada por acumular "graves irregularidades" fundamentalmente en el ámbito de la atención sociosanitaria a los mayores internos.
Se trata de los centros Juan XXIII, situado en Alcobendas, y que se encontraba cerrado cautelarmente desde junio tras desvelarse deficiencias en un programa de televisión, y el San Eduardo, de San Sebastián de los Reyes. Aparte de la clausura, los propietarios deberán pagar una multa de 100.000 y 120.000 euros respectivamente.
En rueda de prensa, el vicepresidente primero y portavoz del gobierno autonómico, Ignacio González, explicó que estas medidas no responden a la denuncia de ningún particular o de los familiares de los ancianos, sino a la actuación de los inspectores de la Comunidad.
Las imágenes de la residencia Juan XII, conseguidas por Telecinco, muestran la tercera planta del centro, donde una veintena de ancianos se sientan, retorcidos, en sillas de plástico. Algunos están atados con sábanas, incluso si necesitan silla de ruedas. No hablan entre ellos y tienen la mirada perdida. Otros están drogados con orfidal (un tranquilizante). En otra toma, se ve a tres ancianos en una cama rodeados de vómitos y hay algunos que se quejan de que nadie les cambie el pañal. La sala tiene ventanas con rejas y las persianas bajadas.
La residencia abrió en 1992 y desde entonces la consejería de Servicios Sociales le ha impuesto tres sanciones económicas por distintas infracciones. Pero nunca la ha cerrado. La residencia está en el número 12 de la calle Barcelona, en Alcobendas.
Por otro lado la residencia San Eduardo, ubicada en un edificio de dos plantas con jardín situado en el margen derecho de la antigua N-I, en la salida 20. Algunos de los familiares de los residentes del centro comentaron las notables deficiencias en la atención a los ancianos. La dirección de la residencia decidió recurrir el cierre.
La portavoz de Familia y Asuntos Sociales del PSOE en la Asamblea, Carmen García Rojas, denunció que la Comunidad sólo cuenta con nueve inspectores para controlar la calidad de los más de 1.500 centros de servicios sociales que hay en la región, entre ellos las residencias de mayores. Los sindicatos también pidieron más control sobre estos centros.