El juez Adolfo Carretero ha rechazado la petición del empresario malasio San Chin Choon de comparecer a través de videconferencia desde la embajada de España en Kuala Lumpur en la causa que investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid. El magistrado deniega la solicitud del proveedor de las mascarillas de Luis Medina y Alberto Luceño por la falta de garantías procesales internacionales y de legalidad.
El auto recuerda que "no hay tratado internacional con Malasia para ello, ni existe reciprocidad con este país", indicando que "los convenios internacionales sólo contemplan esa posibilidad en material civil y mercantil, siendo una prueba irregular".
Incide seguidamente que "tampoco sería descartable una posible imputación del testigo, como cooperador necesario en la estafa", como ya pide Podemos, y la lejanía así como la ausencia de tratados y reciprocidad dificultaría las gestiones, por lo que recalca que se precisa "la más absoluta inmediación, a fin de que pueda ser perfectamente identificado por la Policía española y responda ante las partes y el Ministerio Fiscal y este instructor con intérpretes de chino oficiales reconocidos por la Comunidad de Madrid para que sus respuestas resulten claras".
"No entiende este instructor que el supuesto San Chin Choon no quiera colaborar con la Justicia en un primer momento, luego mande correos en distintas fechas, con inicio a finales del mes de julio de 2022 y ahora quiera declarar mediante videoconferencia, cuando está avanzada la instrucción y puede conocer las declaraciones de los investigados y de los testigos", señala el juez en el auto.
Tampoco entiende los motivos profesionales que aduce para no venir a España en una fecha fijada, "máxime cuando dice que es un empresario solvente".
El juez subraya que "no se puede admitir una videoconferencia no sólo por la falta de garantías procesales internacionales y de legalidad, sino porque su testimonio alberga numerosas dudas que deben ser aclaradas".
El testimonio de este empresario es clave en la investigación al ser el origen del material sanitario que adquirió el Consistorio por casi 11 millones de euros, de los que seis millones acabaron en manos de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes exclusivos de Leno, la empresa de San Chin Choon.