Cuando tuve la fortuna de ser alumno del profesor Velarde, en los años ochenta, ya alertaba de los riesgos de que nuestro país dependiera de Argelia -un país inestable, especialmente en aquel entonces- como suministrador de gas natural. Incluso Francia, a pesar de ser una nación marcadamente poderosa e influyente en África, ha venido evitando hacer depender sus suministros energéticos de otros países, apostando fuertemente por la energía nuclear.
Durante esos años eran populares las pegatinas de “¿Nuclear? No, gracias” en las carpetas de los estudiantes, con el dibujo de un sol con cara sonriente (como si la energía del sol no fuese de fusión nuclear) con un gran efecto propagandístico. En 1984, el gobierno de Felipe González decretó una moratoria nuclear que llevó al bloqueo de 5 proyectos de centrales nucleares de los 7 que había aprobados. Desmantelar las centrales que se estaban construyendo costó un importe equivalente al de haberlas terminado. Esta medida, con la subsiguiente compensación económica a las empresas titulares de las centrales desmanteladas -cobradas en el recibo de la luz, hasta 2015-, costó miles de millones de euros durante años, además de consolidar nuestra dependencia energética del exterior.
Los siguientes gobiernos, ya fueran del PSOE o del PP, evitaron el debate sobre la conveniencia de construir nuevas centrales nucleares hasta convertirlo en un tabú. Ya en tiempos del gobierno de Zapatero, se optó por que España fuera la campeona de las energías renovables, con cuantiosísimas inversiones que contribuyeron a ir haciendo más eficientes estas energías, pero haciendo recaer una parte desproporcionada de la financiación de la curva de aprendizaje de todo el planeta sobre los bolsillos de los españoles. La orientación de las políticas nunca se dirigió hacia la independencia energética ni hacia obtener una energía barata. Y así estamos.
La Unión Europea está inmersa en una cruzada de descarbonización del planeta, y ha ido endureciendo sus objetivos climáticos. Esto, de entrada, ha presionado al alza los precios de la luz a través de la influencia del coste del mercado europeo de emisiones de CO₂. Europa ha ido reduciendo su producción nacional de gas natural; por ejemplo, el principal productor de gas de la UE, Holanda, comenzó en 2018 a reducir la producción de su campo de gas más importante – Groningen- con la intención de suprimirlo. A la vez, se han menguado las inversiones y se ha descuidado el mantenimiento en las explotaciones de gas y petróleo.
En cuanto a la energía nuclear, antes de la actual crisis, países como Alemania, España, Luxemburgo, Austria u Holanda tenían todos planes de desmantelamiento de las plantas nucleares preexistentes. Por el contrario, Francia, Bulgaria, Hungría, Chequia, Rumanía o Finlandia tenían la intención de seguir ampliando el número de instalaciones nucleares.
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las autoridades europeas se han dado de bruces contra sus carencias desde el punto de vista energético. Básicamente, los países de la Unión han llegado a tener una dependencia generalizada del gas ruso, y la Unión Europea apoya a Ucrania en contra de Rusia en este conflicto -representando Rusia más del 40% de las importaciones de gas natural de la UE-. Esta situación hace evidente el gran error de la política energética de los distintos países de la Unión, especialmente de Alemania, que se desarmó de otras alternativas para ponerse en manos de Rusia como suministradora de gas.
Ante esta situación, la Unión Europea ha incluido a la energía nuclear -limpia, segura si se cumplen los requerimientos de seguridad y con capacidad de proporcionar un suministro estable de energía eléctrica- y al gas dentro de la denominada taxonomía, clasificación que reconoce con una etiqueta verde a aquellas actividades económicas que contribuyen a la reducción de las emisiones de CO₂, y que pretende orientar las inversiones hacia los sectores y actividades con mayor sostenibilidad.
En este sentido, algunos países han reaccionado para dar mayor protagonismo a la energía nuclear, como Francia -anunciando la construcción de nuevos reactores de menor tamaño-, Holanda -proyectando la construcción de dos reactores- o Bélgica -atrasando diez años el desmantelamiento de las centrales preexistentes-. Alemania, por necesidad, ha tenido que volver a reactivar plantas de carbón; entre otras cosas, por tener los planes de desmantelamiento de centrales nucleares demasiado avanzados como para poder revertirlos. El Reino Unido, por su parte, quiere que el peso de la energía nuclear pase del 15% al 25%.
De entrada, los políticos suelen desdeñar los proyectos a largo plazo porque no ven seguro que revierta en beneficios para su gobierno sino para el partido que les suceda en el gobierno. Hemos asistido a los grandes errores de la moratoria nuclear y el desmantelamiento de centrales en construcción de Felipe González, así como la cuantiosísima inversión en renovables de forma prematura del gobierno de Zapatero y, del mismo modo, al timorato inmovilismo y aceptación de las políticas ajenas de los gobiernos del PP o la perniciosa crisis abierta con Argelia -principal suministrador de gas natural- tras el cambio de postura unilateral de Sánchez sobre el Sáhara Occidental. A largo plazo parece que las responsabilidades se diluyen, pero deberían seguir pesando; tanto como las secuelas de estas políticas en los bolsillos de los consumidores.
En España, el gobierno de Sánchez ni se ha planteado modificar su política, y sigue en pie el plan de que en 2035 estén cerrados todos los reactores nucleares. Se prevé que la central de Almaraz I cese su explotación en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo en 2035. Además, nuestro Gobierno ha abogado en la Unión Europea para que ni la energía nuclear ni el gas natural puedan considerarse como energías sostenibles.
En cuanto a la posibilidad de extraer gas natural mediante fractura hidráulica o fracking, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas estima que hay alrededor de 1,3 billones de metros cúbicos enterrados en el subsuelo español. No obstante, esta posibilidad quedó eliminada el año pasado, cuando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética vetó la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Asimismo, quedó prohibido legalmente extraer uranio.
La política energética del Gobierno parece destinada a que nos “disparemos en el pie”, y sigue sin orientarse hacia la independencia energética o hacia la obtención de una energía barata,
Hasta el advenimiento de la energía nuclear de fusión (cosa que no vamos a ver muchos, ya que se estima que aún se demore unos cincuenta años), y ante las dificultades que presentan las energías renovables -especialmente por su intermitencia, al depender de circunstancias como la luz del día y del viento y, sobre todo, sus dificultades en cuanto a almacenamiento- se hace necesario un colchón energético en la transición desde las energías fósiles a las renovables. Para esta función, la energía nuclear de fisión puede desempeñar un papel crucial. Con esta finalidad, se están desarrollando los Reactores Modulares Pequeños (SMR, siglas en inglés), que pueden proporcionar una energía nuclear más accesible, versátil, barata y segura dentro de una década (plazo razonable, aunque largo para los políticos).
Es importante reconsiderar la política energética a largo plazo, sopesando otra vez las características de la energía nuclear sin apriorismos medioambientales. Para ello, es esencial que haya un escenario estable que permita que los proyectos tengan garantías en cuanto a poder comenzar y finalizar estando sólo sujetos a los condicionantes tecnológicos, y no a cancelaciones por criterios políticos. No somos un país rico, y los países de la Unión Europea están haciendo un reseteo de sus políticas energéticas; podemos observar a los del norte -que tienden a ser los ganadores- para no acabar en el carro de los vencidos y seguir empobreciéndonos.