La relación entre inflación y desempleo ha sido un constante foco de atención desde la segunda mitad del siglo XX. En 1958, el economista neozelandés William Phillips realizó una aportación a la Economía que se concretaba en el hallazgo de una relación no lineal negativa entre inflación salarial y desempleo; lo que vino a denominarse la curva de Phillips, con pendiente negativa y que refleja el hecho de que, si la demanda de trabajo es elevada y, por tanto, el paro es bajo, los empresarios tienden a incrementar los salarios para proveerse de la mano de obra que necesitan. Desde los años 60, con las aportaciones de Samuelson y Solow, se relacionó directamente inflación y desempleo, de tal modo que se explicitó la existencia de un arbitraje que llevaba a que, en momentos de desempleo bajo, la inflación fuera alta y, por el contrario, en momentos de desempleo alto, la inflación fuera baja.
Curiosamente, este modelo fue revisado, reformulado y sometido a críticas por autores como Lipsey, Hansen, Samuelson-Solow y Friedman-Phelps; obteniendo los cuatro últimos el Premio Nobel -entre otras cosas, por cuestionar la curva de Phillips-, mientras que Phillips no alcanzó el mencionado galardón.
La curva de Phillips desde los años 60 pasó a ser el principal basamento de las políticas macroeconómicas, permitiéndose tasas de inflación elevadas con la excusa de mantener bajo el desempleo. No obstante, durante los años setenta se observaron fenómenos conjuntos de niveles altos de desempleo e inflación. Así, los análisis de Friedman-Phelps llevaron a que, aunque a corto plazo se podía mantener una curva de Phillips estable, a largo plazo la curva se convertía en una línea vertical, expresándose la falta de arbitraje a largo plazo entre paro e inflación. En la práctica, cuando las elevaciones de precios permiten a los empresarios contratar a más trabajadores, estos últimos inducen elevaciones salariales que eliminarían el beneficio adicional y se volvería al nivel inicial de empleo con mayor inflación; y así sucesivamente.
A partir de los años setenta, como consecuencia de la estanflación y la crisis económica, se observaron curvas de Phillips de pendiente positiva y se llegó a plantear si había muerto la curva de Phillips, apoyándose en su inestabilidad a corto plazo a nivel empírico, con la subsiguiente inutilidad para la política económica. No obstante, el economista J.K. Galbraith, a finales de los años 90, seguía proponiendo una mayor permisividad con la inflación para disminuir un poco la tasa de desempleo.
En España, en la actualidad, se está asistiendo a una elevación descontrolada de la inflación, a la vez que el Gobierno vende como logro una disminución sustancial del desempleo. En principio, desde el planteamiento económico que se ha expuesto, esto reflejaría un comportamiento normal de la curva de Phillips a corto plazo. Pero se denota también un pernicioso sobrecalentamiento de la economía que debería ser corregido cuanto antes; como poco, con una elevación acusada de los tipos de interés, para la que el BCE ya está tardando.
De cualquier modo, un comportamiento tan negativo de la inflación y del crecimiento -en un ambiente de crisis económica-, con un sorprendente crecimiento acentuado del empleo, son datos que rechinan sólo de verlos; y se requeriría una mayor profundización para explicarlo:
Con referencia a la inflación, y según los datos del INE, el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) sigue disparado, registrando en mayo una variación anual del 8,7% (cuatro décimas por encima de abril), y la tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente se ha situado en el 4,9% (cinco décimas por encima de abril). Teniendo en cuenta que la inflación subyacente es el IPC cuando se excluyen del mismo los productos energéticos y los alimentos sin elaborar (con lo que se aprecia su tendencia estructural), resulta que no sólo los costes energéticos son el impulsor de la espiral alcista de precios, sino que también los costes de producción de los bienes de consumo se han descontrolado. Todo esto redunda en un impacto negativo sobre el crecimiento (habida cuenta de que no se prevé recuperar los niveles de PIB de 2019 hasta 2023), que habría que atajar.
Ya a nivel micro, desde hace mucho se vienen dando ciertas modalidades del fenómeno inflacionista que últimamente vienen estando en boga; con lo que fenómenos que antes se pasaban por alto, como la shrinkflation o la cheapflation, ahora han cobrado protagonismo.
Shrinkflation: denominada también en nuestro país reduflación; supone reducir el tamaño o la cantidad de las mercancías sin reducir a la vez su precio. Parece que se vende el mismo producto al mismo precio, pero la cantidad es menor. Como ejemplo chocante, en la crisis anterior, una cadena de hamburguesas redujo el tamaño de todo el menú a escala -incluidos los envases-, con la consiguiente ofuscación de la clientela (que no sabía si lo que había variado era su sentido de la percepción). Suele ser también habitual reducir la cantidad de producto manteniendo el mismo envase. Sin embargo, es un proceso legal, porque el fabricante registra en el envase el cambio de cantidad.
Cheapflation: consiste en sustituir ciertos productos, componentes o alimentos por otros más baratos. La idea es que el consumidor pueda continuar accediendo con habitualidad a sus productos preferidos a precios similares, aunque estos precios se hayan elevado. Hemos visto, por ejemplo, que en el sector textil la ropa lleva años manteniendo o bajando su precio; de modo que, si una persona compraba un abrigo al año, puede seguir haciéndolo. En este caso, el procedimiento es sustituir las materias primas caras por otras más baratas o de calidad inferior (podemos comparar los abrigos de nuestros abuelos, de paño muy grueso, con los nuestros: más finos, para ahorrar en paño caro, y con un barato acolchado dentro para que sigan abrigando). Esta práctica también es legal, si se cumple con las obligaciones legales de información al consumidor sobre el producto.
Vemos que, en general, no estamos hablando de fraude, sino de una adaptación de los productos por parte del fabricante a un mercado más precario en el que el consumidor ha sufrido un proceso de empobrecimiento.
Con referencia al mercado laboral, vemos que ya no se suele hablar en primer lugar de la evolución del paro -ni desde el Gobierno ni desde los medios-, sino de la cifra de empleo. La tasa de paro queda relegada hasta ser casi una nota a pie de página; probablemente, por criterios de imagen (para evitar erosionar la percepción que tiene la sociedad del Ejecutivo). No es que esté bien ni mal, sino que se venía haciendo lo contrario desde hace más de cuarenta años.
Un análisis más detallado ha llevado a analizar la naturaleza del desempleo nacional en la actualidad, ya que, a resultas de la contrarreforma del mercado laboral, la nueva nomenclatura puede llevar a diferencias en la contabilización.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro ha descendido en 858.259 personas desde mayo de 2021 (estando en el nivel más bajo desde hace 13 años), siendo el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al término de mayo de 2022 de 2.922.991 (cifra no alcanzada desde noviembre de 2008). A la vez, la afiliación a la Seguridad Social se afianza en veinte millones de cotizantes. En principio, los datos se presentan como positivos, aunque hay que explicarlos algo más.
En el mes de mayo se han firmado 730.427 nuevos contratos indefinidos, la cifra más alta en cualquier mes de la serie histórica. Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen en 291.308 a tiempo completo, 264.524 fijos-discontinuos y 174.595 a tiempo parcial. Se aprecia también en la información del Ministerio una migración de trabajadores temporales a indefinidos ordinarios y fijos discontinuos.
Para la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, la publicación de estos datos sólo dejaba lugar a parabienes por el aumento inusitado de los contratos indefinidos, cuando afirmaba: “Hoy el paro no solamente está caminando en otra dirección, sino que la contratación por primera vez es de calidad".
Sin embargo, sólo el 39,8% de los contratos indefinidos son a tiempo completo. Del resto, el 36,2% son fijos discontinuos y el 23,9% a tiempo parcial. No son datos tan positivos, ya que el 60% de los contratos es en precario.
¿Por qué se ha producido esta situación?
Porque la contrarreforma laboral ha prohibido los contratos por obra y servicio y ha encarecido los temporales, llevando a que desaparezcan casi en todos los casos. Por tanto, los contratos por obra y servicio y los temporales se han tenido que cambiar en su práctica totalidad por indefinidos ordinarios (a tiempo completo o a tiempo parcial) o fijos-discontinuos.
No es lógico pensar que los empresarios, tras la subida del salario mínimo, de los costes sociales y de las materias primas e inputs de su proceso productivo, vayan a contratar por más horas en el nuevo contrato como indefinido o fijo discontinuo a un antiguo trabajador con contrato temporal. Los “temporales” transformados en “fijos” no estarán trabajando más horas, sino más bien las mismas o, incluso, menos. Aquí también, como se dice coloquialmente, “llegará el tío Paco con la rebaja” y, análogamente a la aparición de la reduflación y la shrinkflation, con el nuevo contrato las empresas tenderán a reducir la remuneración por el mismo trabajo o a la precarización de sus condiciones.
Las empresas se están viendo forzadas a utilizar contratos indefinidos para trabajadores que antes tenían contratos temporales. Cuando un trabajador temporal no estaba en activo, computaba como parado, pero cuando se le cambia el contrato por otro fijo-discontinuo, en los períodos que no trabaja no computa como parado, y las estadísticas de empleo favorecen más al Gobierno. Bien es verdad que los trabajadores fijos-discontinuos ya computaban como empleados desde tiempo atrás, y también que era una medida ya incorrecta que infravaloraba el desempleo; no es lógico, por ejemplo, computar como empleado todo el año a un trabajador que está realizando su actividad laboral sólo una tercera parte del año. Con este truco de transformar por arte de birlibirloque a los temporales en indefinidos para beneficiarse estadísticamente, se incrementa más la infravaloración del desempleo, a la vez que ni se reduce la precariedad ni se aumenta la calidad del empleo. Cada vez tenemos más desempleados que figuran como empleados en las estadísticas del paro; a este paso, la tasa de paro llegará a tener la misma credibilidad que una encuesta del CIS.