La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que tanto la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, como el primo de Jose Luis Martínez-Almeida declaren ante el juez en el caso mascarillas.
La responsable municipal que negoció con Luceño estaba llamada a declarar como testigo el próximo lunes pero, finalmente, el juez suspendió la comparecencia tras la solicitud de imputación por parte del Grupo Mixto. Sin embargo, tal y como ha podido conocer Europa Press a través de un escrito, ahora el fiscal incide en que Elena Collado sea citada como testigo al resultar evidente “que no tuvo en ningún momento intención de causar un quebranto al erario público”.
Del mismo modo, el fiscal advierte de que si prospera la petición de imputar a Collado "habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la empresa pública”. Además, asegura que "no es posible imputarle ningún delito de prevaricación", y recuerda que Collado "fue la persona principal y directamente engañada por los investigados" Luis Medina y Alberto Luceño, por lo que a su juicio "vaciaría de contenido la acusación de un delito de estafa".
El fiscal ha considerado, además, necesaria la comparecencia de Carlos Martínez-Almeida como testigo al no existir indicios de que su conducta pueda haber incurrido en un delito de tráfico de influencias.
Asimismo, afirma que el primo del alcalde "se limitó a facilitar los datos de contacto de la persona que gestionaba en el Ayuntamiento la compra de material sanitario".
El representante de Anticorrupción dice, además, que los presuntos delitos se cometieron con posterioridad a la intervención del familiar del alcalde en los hechos.
Por su parte, el juez Adolfo Carretero ha ordenado que se compruebe si, efectivamente, Alberto Luceño no puede hacer frente a la fianza de cuatro millones de euros impuestas para la seguridad de las responsabilidades legales derivadas del caso mascarillas.
Por ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha ordenado practicar averiguación patrimonial integral tanto de Luceño como de la mercantil Takamaka Invest. La defensa de Luceño trasladó al magistrado la "imposibilidad" de abonar la fianza impuesta, "sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados".
En el auto se apuntaba que, por el momento, solo se había podido embargar un inmueble valorado en 1.107.400 euros, varios vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.
Por ello, alegaba que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanzaba 6.206.644 euros, por lo que conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debía fijarse una fianza de 4.023.966,94 euros, tal y como solicita el fiscal anticorrupción.
El juez apuntó que dicha fianza podría ser ampliado en caso de no encontrar bienes de otro investigado, ya que se trata de una fianza solidaria por la totalidad de las responsabilidades civiles (6.206.966,94 euros).