El gobierno regional ha anunciado que se garantizarán los pagos a los abogados del turno de oficio durante este años 2022 permitiendo así que cualquier ciudadano pueda acceder de forma gratuita a la asistencia jurídica. De este modo, se protege y da cumplimiento al derecho fundamental que establece el artículo 24.1 de la Constitución Española.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional, Enrique López, ha cerrado hoy este convenio a través del cual se posibilita este servicio con Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM), del que forma parte el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), representados por sus respectivos decanos, José María Alonso y Ángel Llamas.
El presupuesto destinado a esta acción será de 3,6 millones de euros, a través de una subvención nominativa aprobada el mes pasado por el Consejo de Gobierno.
"Este acuerdo es una de las piezas clave de las políticas que la Administración viene desarrollando, dentro de sus competencias, en el ámbito de la Justicia. Con él, nos reafirmamos en nuestro compromiso de que los madrileños puedan acceder, sin obstáculos, a un servicio público fundamental", ha añadido López.
La Comunidad ha aumento también los baremos de los honorarios a percibir por parte de los abogados y procuradores, teniendo en cuenta la elevada carga de trabajo y procedimientos a los que tienen que hacer frente.
La inversión para este año asciende, por lo tanto, a los 51,6 millones de euros. Estas cifras suponen un 38% más que el presupuesto que el Ministerio de Justicia dedica a las CCAA que no tienen transferidas las competencias de Justicia.
Del mismo modo, se destinará 1,28 millones de euros para subvencionar el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita que prestan los Colegios de Abogados en la Comunidad, que ha sufrido un incremento de un 82% respecto al ejercicio anterior.
Además, el Ejecutivo autonómico destinará 120.000 euros al Servicio de Representación Procesal gratuito que prestan los procuradores, actividad en la que la región ha sido pionera.