El sindicato CCOO ha difundido este jueves el informe 'Observatorio Social de las Personas Mayores: situación en la Comunidad de Madrid', que muestra una radiografía de este sector de la población durante el último año. Los resultados de este estudio llevan al sindicato a plantear la necesidad de impulsar políticas sociales que tengan en cuenta el envejecimiento de la población, lo que implica dotar de suficientes recursos a los servicios de salud y dependencia a las personas mayores.
La imagen que traslada el informe da a entender que las partidas autonómicas destinados a la protección social son insuficientes y suponen un riesgo para la calidad de vida de los mayores e, incluso, "como se ha visto durante la pandemia, un riesgo para su propia supervivencia".
Según las cifras recogidas, Madrid es la penúltima comunidad autónoma en gasto por habitante en salud pública, con un gasto de 1.364 euros per cápita en 2019, antes de la pandemia: 179 euros menos que la media y unos 488 euros menos que el País Vasco, que encabeza el ranking. Además, los datos ponen de relieve la existencia de un sistema sanitario desigual, con un servicio público infrafinanciado y una red privada “complementaria” que excluye a las personas de menores ingresos. Ante esto, CCOO alerta de que el fomento de la doble red (pública y privada) de servicios de salud y dependencia excluye a las personas con menores ingresos, al no poderse sufragar los servicios garantizados únicamente a través de la asistencia privada.
Aunque la Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media estatal en dotaciones de personal medio especializado, las dotaciones en geriatría resultan insuficientes para las necesidades, a juicio del sindicato. En el otro extremo, destaca negativamente la situación de la Atención Primaria, puerta de entrada al sistema público, donde Madrid se sitúa claramente en los últimos puestos en personal.
El Observatorio Social de las Personas Mayores señala que la tendencia al envejecimiento de la población se mantiene en el último año y seguirá marcando la evolución demográfica en las próximas décadas. Si bien, remarca que en el año 2020 la pandemia ha revertido esta tendencia con un incremento de la mortalidad. De hecho, la evolución de la esperanza de vida de los mayores de 65 años sufrió un retroceso por la crisis sanitaria, que fue especialmente significativo en la Comunidad de Madrid. El estudio menciona un informe del CSIC que cuantifica la sobremortalidad de las residencias madrileñas durante el primer año de pandemia en un 52,9%, muy por encima del resto de las comunidades autónomas.
En cuanto a dependencia, aunque el ratio de prestaciones reconocidas en Madrid por beneficiario (1,3) es parecido a la media española, sí se observa una gran diferencia en la distribución de las distintas prestaciones ofrecidas. Así, la prestación más frecuente es la Teleasistencia (ofrecida en el 29,9% de los casos, frente al 18,7% de la media estatal), mientras que en el conjunto de España el mayor peso la tiene la prestación económica de cuidados familiares (30,7% en España, frente al 19,8% de la Comunidad de Madrid).
Sobre los ingresos de las personas mayores, el estudio incide en que las desigualdades de ingresos durante la vida laboral se manifiestan también al final de la misma. Así, la mitad de las pensiones son inferiores a los 1.088 mensuales, muy por debajo del importe medio, que es de 1.284 euros. De hecho, las pensiones del 10% de jubilados que más ingresan suponen por sí solas un porcentaje parecido al que recibe el 40% de los que menos ingresan.
La brecha de género es visible también en las pensiones. Mientras que la mitad de los hombres pensionados en la Comunidad de Madrid reciben al menos 1.585 euros al mes, la paga mediana de las mujeres se sitúa en 1.039 euros, 486 euros inferior. Esto se debe a los salarios más bajos que ha estado percibiendo a lo largo de su vida laboral y a una carga mayor de los cuidados respecto al tiempo dedicado al trabajo remunerado.
Además, en la región existen 27.641 personas beneficiarias de una pensión no contributiva de jubilación en el año 2021. A diciembre de ese año, el 71% de las beneficiarias eran mujeres, lo que resulta claramente indicativo de las dificultades relativas de las mujeres para acceder a la pensión contributiva.