El aborto fue legalizado en 1985 para tres supuestos: peligro para la vida de la embarazada, violación o malformación grave, y fue despenalizado en el 2010 hasta la semana 14 de embarazo. Una década después, este derecho sigue sin estar garantizado en la Comunidad de Madrid. Es más, desde que gobierna la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la situación se ha vuelto mucho más complicada para las mujeres que han tomado la difícil decisión de interrumpir su embarazo.
El desamparo institucional ha llegado al punto de que apenas el 0,7% de los abortos se practican en la sanidad pública. Esto se debe fundamentalmente a que el gobierno de la Comunidad de Madrid nunca apostó por dar ese servicio desde lo público. De hecho, ni siquiera se ha molestado en asegurar que haya al menos un profesional no objetor por hospital y turno. El gobierno de Ayuso aplica el “bah, paso” cuando de lo que se trata es de asegurar este derecho, a pesar de que la ley en el artículo 19 deja claro la prioridad de dar este servicio en los centros públicos.
En el 99,3% de casos, las mujeres tienen que acudir a clínicas privadas. Y es aquí donde empieza un calvario tan repugnante como innecesario. A la ya traumática decisión de tener que interrumpir el embarazo, con el riesgo para la salud que entraña, hay que sumar el acoso sistemático que practican grupos religiosos ultras a las puertas de estos centros. Con los datos en la mano, observamos cómo 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso y más de la mitad han recibido amenazas por estos radicales que dicen hablar en nombre de una malentendida moral católica. Algo que, si se nos permite el excurso, debería hacer reflexionar a las autoridades eclesiásticas. ¿Acaso no merece este comportamiento la reprobación pública de la Iglesia y de la comunidad católica?
Ante esta situación, que saca los colores a un gobierno que no cumple con las leyes que no le gustan, la Sra. Ayuso ha respondido con la mentira, afirmando que lo que ocurre es que las mujeres que abortan lo hacen 3 o 4 veces. Incluso ha tenido la frivolidad de hablar de la “fiesta del aborto”. Esto además de una falta de respeto, es una gran falsedad, un bulo, que los datos desmienten. Somos las feministas quienes quieren que no haya tantos abortos a través de la educación sexual y afectiva, de la facilitación en el acceso a los anticonceptivos y en la mejora de las condiciones materiales de las mujeres. Pero si los hay, que siempre los va a haber, que se hagan con toda la seguridad para las vidas de las mujeres y que nadie les haga sentir culpables.
Las mujeres terminan en clínicas como la Dator porque todos los médicos de su hospital son objetores de conciencia, lo cual supone un trastorno para ellas. Es el caso de Estefanía, que tuvo que interrumpir su embarazo porque su bebé venía con una malformación congénita incompatible con la vida y además seguir adelante ponía en riesgo su propia vida.
El acoso viene de hace tiempo pero es muy preocupante ver cómo se están extendiendo las campañas de persecución organizada. Por ejemplo, en la clínica arriba citada, con voluntarios integristas que desde la mañana a la noche tratan de impedirles el paso, generando estrés, miedo y ansiedad que puede derivar en complicaciones durante la intervención. A estos acosadores no les importa el daño físico y psicológico que pueden causar en personas como Estefanía y utilizan el rezo como instrumento de persecución.
El Ministerio de Igualdad ha intentado frenar esta vulneración de los derechos de las mujeres impulsando un cambio en el Código Penal para acabar con la impunidad. La respuesta de la Asociación Católica de Propagandistas —un movimiento ultracatólico y cercano a la ultraderecha— ha sido lanzar una ominosa campaña de cartelería en marquesinas y estaciones de metro de muchas ciudades españolas animando precisamente al acoso a mujeres, un acoso que ha contado con el beneplácito del alcalde Almeida o la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se trata de sectas ultra religiosas que no representan a todo el cristianismo, afortunadamente. Desde hace muchos años se están organizando dentro de muchas parroquias grupos de cristianas y cristianos por el derecho a decidir de las mujeres. Porque como dice nuestro Código Civil en el artículo 30, hay unos requisitos concretos para adquirir la personalidad jurídica. Por lo tanto, la decisión de interrumpir o no un embarazo le corresponde únicamente a la mujer, pues no está decidiendo sobre una tercera persona, está decidiendo sobre su propio cuerpo y su propia vida.
Esos grupos ultras que se autoproclaman pro vida son falaces desde el principio, porque no defienden ninguna vida. Porque en los países donde el aborto se prohíbe, y en España tenemos memoria de ello, se siguen produciendo. Quien no puede salir a otros países con mejor legislación por que no tiene los medios materiales, lo tienen que hacer en su país poniendo su vida en riesgo. Por lo que estos grupos no defienden la vida, sino que atacan la integridad, la salud y la seguridad de las mujeres que están tomando decisiones totalmente legales sobre su propio cuerpo.
La señora Ayuso ni siquiera se ha preocupado en garantizar una educación sexual mínima y de calidad, por cierto, la herramienta más útil para prevenir los embarazos no deseados. Valga un ejemplo: la Comunidad de Madrid, la más rica, no destina ni un euro de su presupuesto para facilitar el acceso a los anticonceptivos. Tristemente, este objetivo hoy está más lejos que ayer, porque la presidenta va de la mano de una ultraderecha acomplejada y retrógrada que pretende devolvernos al siglo pasado. Costó mucho que la educación sexual entrara en las aulas, pero su sectarismo sigue dificultando esta labor. Un sectarismo tal que ha llevado a Ayuso a impedir la visita de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a un instituto madrileño, invitada por una asociación juvenil para hablar de educación sexual.
Detrás de la inacción institucional, detrás del apoyo tácito a los acosadores, se esconde la visión irresponsable de Ayuso, que dejó plasmada en sede parlamentaria cuando dijo: “El aborto no es un derecho, ni tampoco es un delito; es un fracaso”. No podemos esperar nada bueno de una presidenta capaz de negar la ley y de negarnos el derecho a decidir que tantas luchas y sufrimiento nos costó. Por eso vamos a seguir trabajando desde dentro y fuera de las instituciones para que ninguna mujer tenga que enfrentarse sola al acoso y desamparo por el justo hecho de querer decidir.