Así, Mariño explicó que las tasas se configuran como "un tributo por la prestación de servicios" y apuntó que el Ejecutivo autonómico tiene la "obligación de implementar en el territorio una normativa estatal para acreditar la certificación energética que supone una nueva carga administrativa".
Además, indicó que las calificaciones provisionales exigen "costosos y preceptivos informes jurídicos y técnicos", que en "los últimos años se han duplicado las calificaciones en la Comunidad de Madrid" y que "todas las comunidades autónomas cuentan con estas tasas".
Por otra parte, Mariño recordó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene una reunión el próximo día 13 de diciembre con la ministra de Vivienda, Carme Chacón, para debatir sobre el Plan de Emancipación Joven aprobado por el Gobierno central, que aporta una ayuda de 210 euros a los jóvenes de entre 22 y 30 años con una renta no superior a 22.000 euros para hacer frente al alquiler.