La presidenta autonómica recalcó de nuevo que la Comunidad de Madrid pretende que los agentes forestales "tengan la misma consideración" que la Policía o la Guardia Civil y destacó que la Carta Magna establece que el Gobierno de la nación podrá impugnar ante el Constitucional cualquier norma de las comunidades autónomas y después habilitar un plazo de cinco meses para decidir si suspende o no el artículo de discusión. "Todos queremos la protección del Medio Ambiente y la preservación de algo de gran importancia", dijo.
Por su parte, la parlamentaria de IU, Reyes Montil, señaló que el control al Gobierno que se realiza en la Asamblea de Madrid es para que los miembros del Ejecutivo den "explicaciones y no excusas" y recordó que la Ley de Medidas Urgentes "está recurrida con argumentos más que razonables".
Además, mantuvo que la normativa madrileña "vulnera" el artículo de la Constitución que atribuye al Estado las competencia exclusivas en materia de montes, al tiempo que afirmó que las comunidades autónomas pueden establecer medidas para aumentar los niveles de protección "no para reducirlos".
"Dejen de mentir y pongan encima de la mesa si ha habido inviolabilidad del domicilio o, si no, cállense, porque saben que en esta Comunidad Autónoma eso no ha pasado", manifestó la diputada, quien acusó al Ejecutivo autonómico de haber generado "caos y desigualdad" con al artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes.
Además, Montiel facilitó a la presidenta regional una serie de datos sobre la evolución de las solicitudes para entrar en las fincas realizadas por los agentes forestales. Según sus cifras, se han pedido 25.000 autorizaciones judiciales para entrar en estos terrenos, pero sólo se han tramitado cuatro. Asimismo, se han solicitado 144 autorizaciones por quemas, de las que se han entregado cero, y se han requerido 23.000 solicitudes por inspecciones, de las que se han concedido cuatro.