En Madrid el “trumpismo” sigue vivo con Isabel Díaz Ayuso. La gestión de la pandemia llevada a cabo por la presidenta de la región es absolutamente irresponsable en todas las caras del poliedro. Igualmente sigue alimentando la “realidad alternativa” permanente que siembra en redes sociales y medios de comunicación. El pasado fin de semana, en su carrera por hacerse hueco a nivel nacional frente a un Pablo Casado, estuvo en Cataluña haciendo campaña. Sus declaraciones fueron un ataque a la salud pública: “Es un delito en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a gente arruinada y decir que esa es la manera de sortear una epidemia”, proclamó en su característico tono. Se afirma esto, mientras nuestra región sigue manteniendo el record de personas contagiadas, personas hospitalizadas, en la UCI y fallecidas, cerca de 500 en la última semana.
Dos días después organizó otro teatrillo, fundamentalmente, para hacer creer que defiende los intereses del sector de la hostelería contrariando a los barones de su partido (Galicia, Andalucía, Castilla-León y Murcia) que se desmarcaron públicamente de ella. La presidenta se inventó su propia estrategia de vacunación en un ejercicio más de irresponsabilidad y populismo tras una reunión con el sector de hostelería.
A pesar de que los protocolos de vacunación son responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad, Ayuso anduvo especulando sobre la posibilidad de priorizar las vacunaciones contra el coronavirus entre los camareros. No olvidemos que entre los sanitarios los contagios han crecido un 23 por ciento en las tres últimas semanas. Casi 2.000 profesionales están de baja y no son sustituidos. Además, son muchas las personas ancianas y vulnerables que aún no han recibido la vacuna.
A pesar de tanta agitación presidencial, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha puesto en marcha, por ahora, ninguna ayuda directa para el sector de hostelería, ni siquiera ha presentado, y menos aprobado, los Presupuestos Regionales de 2021. De hecho, buena parte de los trabajadores autónomos del sector no se creen a la presidenta. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), aseguraba esta semana en un comunicado que el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha respondido con “desidia y falta de medidas de apoyo, a pesar de su inexplicable discurso triunfalista”.
La situación en la Comunidad de Madrid es terriblemente crítica. Ayer murieron 69 personas por Covid en los hospitales, mientras desde el Gobierno regional se intenta trasladar prácticamente un clima de normalidad. Ayuso continúa diciendo, sin ninguna seriedad, que confina a la ciudadanía en las Zonas Básicas de Salud (ZBS) al tiempo que alaba sus inexistentes beneficios. Vecinas y vecinos de Madrid siguen sin saber qué es una ZBS, ni dónde están situadas las fronteras. Es una auténtica broma que algunas ZBS lleven “cerradas” semanas, meses, sin que nadie cumpla el confinamiento, fundamentalmente por falta de información.
Todo indica que el delito no se está cometiendo en Cataluña, ni en ninguna otra comunidad autónoma. No descartemos que el delito lo esté cometiendo la presidenta Ayuso con su gestión “absolutamente irresponsable, opaca y que nos está llevando a la ciudadanía de Madrid a una situación de riesgo, de peligro, en la que nos estamos jugando la vida”, tal como aseguraba la secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana González, en las puertas del edificio del Defensor del Pueblo.
Y es que las Comisiones Obreras de Madrid, como parte de la Marea Blanca, hemos hecho entrega ante el Defensor del Pueblo de un documento repleto de argumentos para que intervenga ante la oscura, irregular e irresponsable gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso.
Según leo en la prensa, la pandemia ha multiplicado los “contratos a dedo” de la Comunidad hasta 4.196 por un valor de 816 millones. Es un hecho que el peligro de la corrupción haya anidado nuevamente en Madrid, fundamentalmente en el sector sanitario. Este es también el argumento que avanzamos al Defensor del Pueblo. Es decir, que la pandemia está sirviendo al Gobierno regional como percha para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que el estado está aportando para intentar acabar con la pandemia.
En este contexto es también en el que hay que situar la construcción del Hospital Isabel Zendal, una obra absolutamente innecesaria y muy costosa, realizada mientras sigue habiendo camas cerradas en los hospitales públicos. Y lo que es más sangrante que una vez construido no este respondiendo con calidad y eficacia al objetivo para el que estaba construido, la atención sanitaria a las personas enfermas de la COVID19.
Otra obra que lleva el espíritu de Esperanza Aguirre, basado en dilapidar dinero público en construcciones fantasma, como la Ciudad de la Justicia. Las privatizaciones oscuras también se están dando con el Plan de Vacunación, como el contrato realizado con Cruz Roja. Un asunto similar al llevado a cabo hace unos años con las donaciones de sangre realizadas en los autobuses de esta misma entidad.
Madrid está desamparada, por eso recurrimos al Defensor del Pueblo, pero también exigimos al Gobierno de España que supervise el destino de los fondos especiales transferidos a la Comunidad para el combate de la COVID-19, que no deberían ser de uso discrecional si no tener un carácter finalista previamente acordado.
Va a hacer un año que nuestra región navega rumbo a la tragedia de una mayoría y los pelotazos de unos pocos. Vuelvo a reiterar en este espacio de opinión que el Gobierno regional tiene que virar, tiene que dejar de ser una isla de irresponsabilidad en medio de España. Ayuso debe abrirse al diálogo con la oposición política y con los agentes sociales, con las Corporaciones Locales, y abandonar la política de confrontación con el Gobierno de España, por el bien de la región que preside.