Ante esta situación de crisis en materia de dependencia, la Comunidad alega que el Gobierno no quiere reconocer a los "antiguos" dependientes y que la nueva ley "discrimina a los 137.000 dependientes que la Comunidad ya venía atendiendo en esta materia". Ongil afirma que según la nueva ley, "los que ya eran dependientes y venían recibiendo las prestaciones de los servicios madrileños no tienen derecho a percibir las ayudas".
Por lo tanto, la consejera denuncia que hay "ciudadanos de primera y de segunda". Asimismo, el ejecutivo regional afirma que el Gobierno "miente" cuando dice que cada persona dependiente recibirá 780 euros, ya que lo normal es que reciba la ayuda en forma de servicios.
Por su parte, el Ministerio afirma que es falso que "el Gobierno no quiera atender a todos los grandes dependientes; lo que el Gobierno quiere es que se les evalúe con arreglo a los parámetros actuales y se les destinen los servicios que necesitan". Asimismo, insiste en que otras comunidades autónomas, como Andalucía o Valencia, "computan a grandes dependientes que ya estaban siendo atendidos de algún modo por los servicios sociales de esas comunidades sin que eso haya supuesto ningún problema más allá de valorarlos como tales".