El "Guateque" funcionaba desde hace dos años

Según los primeros datos de la investigación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, comparando los alrededor de 200 expedientes estudiados, la trama de la operación "Guateque" llevaba funcionando alrededor de dos años, aunque las indagaciones habían comenzado hace uno.

 Las comisiones se cobraban a los empresarios extorsionados según el local y las circunstancias. Las pruebas obtenidas a través de la investigación judicial llevada a cabo por el titular del juzgado número 32 de Madrid, José Santiago Torres, reflejaba los márgenes de la extorsión: los que pagaban tenían su licencia en apenas unos días; los que no, sufrían todo tipo de obstáculos para tramitar sus licencias, que se demoraban años.

El coste "extra" de cada licencia serían de entre 3.000 y 20.000 euros. La investigación partió de la denuncia de dos empresarios. Uno de ellos actuó como "topo" de la Guardia Civil. El instituto armado le instó a colaborar con ellos en la investigación. Para ello, grabó las negociaciones que tuvo con los funcionarios públicos. El regateo era claro: tenía que pagar y "así no tendría problemas de que le cerrasen el local". Otro afectado se presentó con otra grabación en la Guardia Civil en septiembre de 2004 donde le exigían también 4.000 euros.

Una organización estable
Según explicaba este jueves el fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, la red no es una "trama puntual" sino que tenía "cierta organización y estabilidad en el tiempo". Parece ser que en el Ayuntamiento era un secreto a voces. Muchos de los implicados llevaban un nivel de vida cuanto menos "sospechoso" para su nivel adquisitivo.

Entre los detenidos por este cobro, cinco pertenecían a la delegación de Medio Ambiente y cuatro a Urbanismo. Uno de ellos ya había estado implicado en otra investigación que efectuó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)  por una presunta recalificación ilegal de terrenos. La red también operaba en las juntas municipales de distrito de Centro, San Blas y Chamberí.

Empresas implicadas
Tenía relación, como informaron fuentes cercanas al caso, con cinco empresas que colaboraban supuestamente con los detenidos. El procedimiento es que eran éstas a las que los funcionarios corruptos, presuntamente, enviaban a los empresarios afectados. Se trata de un estudio de arquitectos, un despacho de ingeniería, situadas en Centro y Chamberí, respectivamente; y otras tres empresas dedicadas a trabajos de albañilería y obras, ubicadas en Carabanchel, Arganzuela y Salamanca.

Desde que estalló la trama, otras propiedades privadas han sido registradas. Este miércoles cuatro despachos de abogados. Tres en Madrid (Atocha, Santa Isabel y San Cayetano) y uno en las Rozas. El jueves, dos domicilios de la capital y dos despachos de abogados en Villanueva de la Cañada y en el distrito de Arganzuela.
Según fuentes de la Guardia Civil, en los próximos días se podrían producir nuevos registros  y arrestos.