Madrid está viviendo estos días un suceso de la envergadura de una trama de corrupción municipal como si fuera algo corriente con lo que nos despacháramos a diario. Es como si ya estuviéramos todos anestesiados. Tertulianos que se encogen de hombros y dicen que el hecho de que haya funcionarios corruptos es vox populi en cualquier bar de su barrio; políticos que resaltan que la trama es exclusivamente de funcionarios y que no hay ningún cargo público implicado como si eso trasladara el problema a cualquier país africano; una oposición que tarda en establecer un discurso y unos funcionarios poco cohesionado -el jueves se manifestaron tan sólo cien ante Gerencia- que, a medida que se han dado claras muestras de desconfiaza hacia ellos, han ido perdiendo hasta las ganas de defender su labor y proclamar que las manzanas podridas son contadas.
El hecho de que el alcalde el pasado miércoles no quisiera valorar los registros que se estaban produciendo en ese mismo momento en varias sedes municipales cuando se encontraba rodeado de periodistas que habían sido convocados para presentarles el Plan Director de la Casa de Campo ya dice mucho de cómo la alcaldía quiso "descafeinar" el asunto desde el primer momento. El alcalde se limitó a remitirse a las explicaciones que a esa hora estaba dando el vicealcalde y cuando supo que éste ya había terminado su intervención aseguró que no iba a consentir que se produjeran hechos como los que ya se habían producido.
Pero este asunto no puede desacafeinarse. Miles de madrileños se ven obligados a tener una relación a lo largo de su vida con los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y no pueden, ni por asomo, pensar que la persona a la que someten la aprobación de una licencia, a la que entregan un pliego de descargo por una sanción, a la que solicitan un servicio puede actuar con ellos de forma diferente al resto de los ciudadanos si media una cantidad económica de por medio. Eso sería el principio del fin.
Pensar que no hay responsabilidad porque se ha actuado codo con codo con la Guardia Civil después de que un industrial, familiar de un miembro de la Benemérita, denunciara un intento de extorsión y se prestara a seguir el juego al funcionario mientras era grabado por el instituto armado, parece de una ingenuidad tremenda. Era sencillamente la obligación de los responsables municipales colaborar en una investigación judicial. Si, además es verdad, como denuncia algún medio de comunicación y ratifica el PSOE, que existían denuncias de hace dos años sobre casos de extorsión y ello no se ha transformado en expedientes sancionadores, podría hacer pensar que más que ante una "operación guateque" estamos ante una "operación zarzuela".
El alcalde ya ha anunciado la posibilidad de externalizar la tramitación de licencias. No es la solución. El mensaje que lanza el alcalde es que la trama está fiormada por unos pocos, que el resto es honesto pero que hay que acudir a la empresa privada, como si ésta estuviera exenta de corrpción. Con anuncios como éste no es extraño que los funcionarios honestos se sientan desmoralizados. Se impone por tanto una reflexión más profunda de lo que se ha hecho y un análisis de cómo es posible que estas situaciones, muy extendidas durante la Dictadura, vuelvan a surgir con fuerza en plena Democracia.