Se acaban de cumplir 39 años de la Constitución y se hace cada día más evidente la necesidad de una renovación. Especialmente cuando el actual Gobierno recibe carta blanca del Senado para aplicar el artículo 155 en defensa de unos derechos constitucionales que en buena medida ignora o relega sistemáticamente. Tampoco me refiero a un cambio como el artículo 135, que prime los intereses del pago de la deuda a cualquier otro derecho de los súbditos patrios (no olvidemos que lo somos), sino una verdadera renovación que blinde el ejercicio activo de los derechos constitucionales y permita a las instituciones alcanzar esos fines, resolver la organización territorial y abolir determinados artículos claramente discriminatorios y obsoletos.
Estamos viviendo un periodo profundamente regresivo. Regresivo y reaccionario.
Regresivo en cuanto a derechos y libertades (ley mordaza) y reaccionario con la implantación progresiva de un programa neoliberal que pasa por eliminar cualquier otra forma de entender y hacer política que no sea la economía de casino. Veamos.
Tras perder la soberanía monetaria y económica, la crisis financiera y especulativa y la burbuja inmobiliaria nos llevó por delante. La deuda pública se sitúa en torno al 99,8% del PIB en el tercer trimestre de 2017, 1.135.869 millones de euros (calculadlo en pesetas, veréis qué mareo).
Dos consideraciones: la primera es que la pérdida de la capacidad de tomar decisiones y operar impide llevar la deuda a lo que hoy podría ser en torno al 25% del PIB. Por otro lado, la deuda pública era en buena parte privada, por ejemplo el rescate bancario avalado por toda la ciudadanía y cuyos intereses pagamos (bastante caros) a los bancos (que crearon la situación) con dinero prestado (en ese caso si, muy barato) por el Banco Central Europeo. Y en un momento determinado, por una decisión política, paso a ser pública. Es la magia del neoliberalismo.
Hay que reducir el déficit. Claro que si. Hay maneras. Si el problema del desequilibrio en las cuentas es la diferencia entre los ingresos y gastos, la diferencia no puede ser el recorte sistemático en el gasto público como mantra.
Vamos al lado de los ingresos: La presión fiscal en España se situaba en torno al 33% del PIB en el 2016, mientras en los países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Italia y Bélgica entre otros diez de la unión Europea se sitúa por encima del 40%. y no se trata sólo de impuestos, sino de la estructura de los mismos, es decir, priorizar los indirectos sobre los directos, como el IVA.
Lucha efectiva contra el fraude. La corrupción supone más de 90.000 millones al año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¡más del 8% del PIB!. Tocamos a 2.000 euros por barba.
Curiosamente esa diferencia en torno al 7% de presión fiscal con los países de nuestro entorno coinciden casualmente con la diferencia del PIB dedicada a Educación (España 4,3% PIB, la mitad que los países del centro y norte de Europa) y Sanidad (España 6% frente a una media del 8%).
En resumen, con un leve cambio en la estructura de los impuestos, pero un eficaz control contra el fraude y la corrupción permitiría reducir la deuda privada transformada en pública en más de un 10%. Aumentar la presión fiscal supondría igualar niveles europeos en Educación y Sanidad. Interesante.
Las consecuencias sociales inmediatas que hemos sufrido han sido una explosión del desempleo, la desigualdad, la precariedad y la injusticia. La ciudadanía endeudada y la precariedad laboral se convirtieron en la norma, en una igualación a la baja y unas leyes que desamparaban, todavía más, a la clase trabajadora.
Sin embargo el poder político no sólo no atajó el problema de la deuda sino que articuló en torno a él una política de austeridad y tenaza económica que le permite manejarlo en su beneficio. Y lo hace mediantes las leyes. Las que cumplen, eso sí. O eso dicen.
Veamos los Ayuntamientos del cambio. Uno de los ejemplos más claros lo estamos viviendo en Madrid, donde Ahora Madrid ha reducido en más de un tercio la deuda generada por los anteriores consistorios y genera un gran superávit cada año pese a aumentar el gasto social, y se le boicotea sistemáticamente para evitar que pueda desplegar unas medidas transformadoras para la ciudad y ralentizar todo lo posible su funcionamiento. No sólo dejaron un campo minado de irregularidades y contratos blindados, sino que ya ni siquiera se molestan en ocultar que pretender evitar cualquier posible cambio o reversión de sus políticas, por ejemplo en las remunicipalización de servicios, para ofrecer un servicio más eficaz y más económico: lo prohíben expresamente a través de los propios Presupuestos Generales del Estado en su disposición adicional 27. Y la conocida Ley Montoro. Que él mismo incumple.
Es decir, encadenan al actual equipo de gobierno municipal con la deuda generada por ellos mismos, con las leyes que ellos imponen e impiden cualquier cambio de política.
¿Hay realmente una voluntad política de volver a un Estado del bienestar que nunca se llegó a implementar en nuestro país a la altura de nuestros vecinos y anteponga a los ciudadanos? ¿o por el contrario la crísis provocada por unos irresponsables especuladores les sirve para aferrarse al poder y a sus políticas neoliberales y atacar cualquier posible alternativa política que cuestione sus dogmas y demuestre que otra manera de hacer las cosas es posible?.
Implantación del pensamiento único a golpe de deuda, que justifique unas leyes implacables con la ciudadanía y terriblemente sumisa e ineficaz con los poderosos.
Lo prometido era deuda, y no solo económica. Nos deben mucho más que eso.
Juan José Barroso y Lucía Antolínez son candidatos a representantes de los círculos en las primarias de Podemos.