La jefa del Servicio de Relaciones Exteriores y Protocolo y miembro del Comité de Expertos de la Asamblea de Madrid, María Merino, ha asegurado este viernes hasta en tres ocasiones que "no fue legal" cambiar un criterio para adjudicar los dos contratos de cafetería (2009 y 2011) que ha investigado por posibles irregularidades la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero que esta circunstancia "no cambió el ránking y se trató a todos por igual".
Según los pliegos, la adjudicación se realizaba en función de cinco criterios: las características del servicio ofertado (hasta 20 puntos), criterio que contemplaba elementos como medios materiales y técnicos, medidas de seguridad y control, y mejoras en los menús exigidos por el pliego; la calidad de los alimentos y de los suministros (hasta 20 puntos); relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años (hasta 30 puntos); precio (hasta 20 puntos) y otras mejoras propuestas por el licitador (hasta 10 puntos). Los dos contratos acabaron en manos de la empresa del expresidente de la patronal y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, que ha reconocido haber donando dinero a Fundescam, fundación del Partido Popular de Madrid.
En la sesión de este viernes en comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea, Merino ha reconocido que previamente a la adjudicación de 2009 aunque no se modificó el pliego, sino que se estableció un "subcriterio" número 3 sobre experiencia antes citado para valorar hasta 20 puntos por la experiencia en el sector público y 10 en el privado.
La compareciente ha manifestado que esa modificación "venía ya dada" por el técnico del comité de expertos, Arturo Zubiri. "No cuestiono las decisiones de otros. Me pagan para trabajar y esas decisiones venían de la Mesa de la Asamblea. Yo no hice cambio de criterio, se estableció un subcriterio y después de mirarlo veinte mil veces no cambia el ránking final. Si se aplicó ese subcriterio se aplicó para las tres empresas licitadoras", ha indicado.
Sin embargo, la jefa de Protocolo en la Asamblea ha reconocido que ese subcriterio "no debería haberse establecido" y que a pesar de ello "lo asume porque lo firmó". "Que no se ajustara a la legalidad no tenía los conocimientos para saberlo. No era legal porque no figura en la ley. Es una obviedad. ¿Se da a entender que así se va a favorecer a alguien? No, es el mismo baremo para todos. El ránking que se estableció era el mismo", ha insistido.
Merino ha recordado que las actas del comité de expertos están firmadas por las tres personas "por unanimidad": ella misma, la letrada jefa (2009), el técnico superior (2011) y la vicepresidenta del Parlamento regional en esa legislatura, Cristina Cifuentes, de la que ha dicho que tampoco hizo ninguna apreciación a los pliegos.
A continuación, ha indicado que en la reunión para valorar los informes sobre las puntuaciones y el ránking resultado del mismo, la las valoraciones venían dadas por el técnico superior y la letrada jefa pero que eran "completamente intachables". "Como yo lo firmó me parece que estaba bien. Me leí las ofertas", agregado. La compareciente ha dicho que no sabe quién la nombró para formar parte del comité de expertos, pero sí ha apuntado que tenía experiencia en menú y catering de la Asamblea y tenía relación con el metre para poder valorar las ofertas de cafetería dentro de este comité de expertos.
La jefa de la Asesoría Jurídica de la Asamblea se niega a declarar
La letrada jefa de la Asesoría Jurídica de la Asamblea, Tatiana Recoder, se ha negado a declarar sobre su papel en la adjudicación de un contrato de la cafetería de la Cámara, una decisión que ha trasladado al inicio de la comparecencia y, según sus palabras, "desde el absoluto convencimiento de la corrección e integridad" de su intervención.
El PP había solicitado la comparecencia de Recoder, que informó los pliegos y elaboró el informe de evaluación de las ofertas para el contrato de la cafetería de 2009, como miembro del comité de expertos, que también lo componía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, como miembro de la Mesa de la Asamblea, y la Jefa de Servicio de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidencia, María Merino.
Recoder ha señalado que el 9 de marzo de 2017 fue llamada a prestar declaración en las dependencias de la UCO en relación con su intervención como letrada de la Asamblea en el procedimiento de contratacion de la cafeteria de esta institucion en el año 2009. "Tras prestar la oportuna declaración no he sido objeto de imputación judicial de ningún tipo", ha subrayado. Para justificar su decisión de no declarar ha explicado que "la existencia de esta declaración en sede policial" y su "condición funcionarial como letrada de esta casa" le "obliga" a mantenerse "en el estricto marco de las actuaciones judiciales sin intervenir en el ámbito político".