Livinio Stuyck, último propietario de la Real Fábrica de Tapices y actual residente del edificio, se ha negado a entregar las llaves de la vivienda en la que vive al entender que tiene un "título jurídico" que ampara su derecho a residir en el edificio. Este martes cesaba el plazo que el Ministerio de Educación y Cultura había concedido a la familia para que abandonase el mismo, donde han residido durante los últimos 20 años sin contrato y sin pagar alquiler.
Desde la Fundación de la Real Fábrica de Tapices apuntan que fue hace dos décadas cuando se iniciaron las primeras negociaciones para el desalojo y han explicado que las causas para que la petición del mismo no se hubiese formalizado hasta ahora han sido los “numerosos cambios de Patronato y de ministro en los últimos años”.
Asimismo, desde la Fundación señalan que se descubrió que a la familia Stuyck “no le asistía ningún título que le permita el uso de una vivienda en un edificio público de titularidad estatal” cuando se estableció el nuevo Patronato, en octubre de 2015. Es a partir de ese momento cuando la institución inició una conversación "amistosa" para solicitar al inquilino que abandonase el inmueble de forma voluntaria si no quería enfrentarse a un desalojo administrativo.
Por su parte, la familia Stuyck asegura que no ha tenido interlocutores para formalizar el pago de las rentas por residir en la vivienda y achaca la situación a los diversos cambios de titularidad del edificio, para añadir que ha solicitado al Ministerio de Educación y Cultura la apertura de una cuenta para abonar "el pago las rentas debidas, lo que ha sido expresamente rechazado por la actual administración titular del inmueble".
Multa semanal
Dese la Fundación argumentan que “no hay constancia de ningún pago de luz o agua ni ningún tipo de contribución”. Sin embargo, la familia Stuyck detalla es que "totalmente falso" que no se haya pagado la electricidad o el agua consumida y sostienen que desde hace años "ya no se reciben facturas, incluso habiéndolo solicitado".
El Patronato ha explicado que a partir de ahora y hasta que abandone el edificio “se le comunicará una multa cada ocho días del 5 por ciento del valor catastral estimado medio que tiene la zona”, esperando que esta medida fructifique. La cifra a la que ascendería esta multa oscilaría “entre los 70.000 y los 75.000 euros”, han puntualizado
Los inquilinos recalcan que tanto el Ministerio de Cultura como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y Patrimonio del Estado "conocen y han reconocido el derecho a la vivienda de la familia Stuyck" desde la creación de la Fundación para la Real Fábrica de Tapices. En este punto, sostienen que "existen innumerables documentos, actas y comunicaciones que así lo acreditan".
Desde la Fundación de la Real Fábrica de Tapices han apuntado que ahora “se iniciará un proceso judicial sobre el que no se saben plazos ni tiempos para la resolución”, pero esperan que el desalojo se realice lo antes posible para poder iniciar “una serie de planes y proyectos ambiciosos” en las instalaciones. Entre estos planes estarían: crear una escuela taller, aumentar la zona de restauración textil y abrir una exposición, al menos temporal, de 4.000 cartones y dibujos.