En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha explicado que con el objetivo de "garantizar la existencia de un parque de viviendas en número suficiente para dar respuesta a las necesidades de emergencia social", el Decreto establece que en la construcción de nuevas viviendas de promoción pública de la Comunidad, destinadas a arrendamiento, deberá reservarse al menos el cinco por ciento de las mismas para su integración en este Parque.
En cuanto a la fórmula de adjudicación, se ha establecido un nuevo sistema, denominado 'Procedimiento Excepcional de Emergencia Social', que aporta la agilidad administrativa necesaria para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes.
La adjudicación mediante el procedimiento de Emergencia Social se hará a favor de personas o familias en situación de grave dificultad en los casos de desahucio de la vivienda que constituye la residencia habitual y permanente del interesado y cuando ésta se produzca como consecuencia de una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar y exista fecha de lanzamiento inminente por resolución judicial.
Igualmente, la adjudicación urgente se podrá realizar cuando se resida en infraviviendas y concurran situaciones de dependencia o problemas de salud graves, derivados o agravados por la situación de la vivienda, así como acontecimientos extraordinarios que dejen a los afectados en situación de exclusión residencial, como pueden ser atentados o derrumbes de edificios.
Además, el Decreto flexibiliza los requisitos para acceder a determinado tipo de viviendas públicas en casos concretos de especial relevancia social como los que afectan a mujeres víctimas de violencia de género a quienes no se les va a aplicar el requisito de estar empadronadas o tener que llevar diez años trabajando en la Comunidad cuando como consecuencia de un episodio de violencia de género se hayan visto obligadas a tener que cambiar de residencia.
Según ha señalado Cifuentes, esta medida "responde a un compromiso social del Gobierno de la Comunidad viene a ayudar a paliar las consecuencias y efectos de la crisis en numerosas familias" y, además, lo que hace el Ejecutivo autonómico es "adecuar las normas de adjudicación de viviendas públicas a las auténticas necesidades de los ciudadanos".
"Una vivienda pública más accesible para quienes más lo necesitan y adjudicada con unos criterios más solidarios y más justos", ha zanjado.