Según ha tenido conocimiento el CSIF, estas vacantes no se están cubriendo tal y como se acordó en noviembre, se debatió el pasado 16 de diciembre y se reflejó en una enmienda transaccional a los Presupuestos que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea. Por ello, CSIF y los demás sindicatos han comenzado la ronda de contactos con la diputada del PSOE en la Asamblea y magistrada en excedencia Pilar Llop, quien se ha comprometido a presentar una proposición no de ley con el objeto de blindar el presupuesto de Justicia y obligar al Gobierno a que destine los 13 millones acordados únicamente a cubrir las vacantes.
En el debate de Presupuestos del pasado 16 de diciembre el diputado de Ciudadanos, Francisco Lara Casanova, celebró el acuerdo "alcanzado por los cuatro Grupos para destinar 16 millones de euros más a justicia; en concreto, 13 millones de euros a dotar la cobertura de las 550 plazas vacantes existentes, 1 millón de euros para infraestructuras y 2 millones para el turno de oficio".
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno, Diego Cruz Torrijos, también hizo mención a esa partida presupuestaria, "que permitiría paliar gran parte de la situación generada por las vacantes" en la Administración de Justicia de Madrid. CSIF ha tenido constancia de que en estos momentos existen todavía más de 350 mesas sin cubrir en los juzgados de la Comunidad porque la Dirección General de Justicia y Seguridad no está haciendo nada para cubrirlas escudándose en que Hacienda no autoriza los nombramientos.
Pero el problema va más allá, y se temen en CSIF que el dinero se está derivando a otras partidas, y por lo tanto, se está gastando mientras los juzgados continúan con plazas sin cubrir, a lo que tenemos que añadir la falta de medios materiales, personales, informáticos, y el mal funcionamiento del sistema de comunicaciones telemáticas "LexNet”. Para CSIF, esta situación es "intolerable" y choca frontalmente con el espíritu del acuerdo alcanzado en la Asamblea de Madrid por todos los grupos parlamentarios, incluido el Popular, y supone continuar con el ahogamiento del servicio público de la justicia.