Recordaron, entre muchas otras cosas, que en los presupuestos de 2016 se ha aprobado una reducción de "la inversión social en un 5,5 por ciento, comparándolo con el presupuesto del año 2015 y del 25,8 por ciento con respecto al año 2011". Pusieron también sobre la mesa los desempleados que no cobra ninguna prestación, que son casi el 50 por ciento del total, o que 1 de cada 3 niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza con más de 2 millones de familias sin ningún ingreso.
"Con un gobierno en funciones y tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, no sabemos aún quiénes encabezarán el nuevo gobierno, ni si habrá nuevos comicios", pero eso no detendrá su lucha en las calles, expresaron en su manifiesto. Y es, precisamente, esta situación de incertidumbre política la que ha dado origen al eslogan de la manifestación: "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden".
En el manifiesto aseguraron, en definitiva, que independientemente de qué ocurra electoralmente, van a continuar denunciando los "golpes" de un sistema que "amenaza a la sociedad española y europea", refiriéndose a "prácticas" como la corrupción y la impunidad de sus protagonistas, o a esos recortes que "atacan servicios públicos, derechos democráticos, civiles y sociales", para dedicar los recursos "al pago de una deuda impagable". En su opinión, el gobierno español "recurre a la fórmula de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, sirviendo como mecanismo de chantaje y extorsión", situación que comparan con la vivida por el pueblo griego.