En aquel entonces, una fundación dedicada al maltrato de menores avisó al Cuerpo de que una niña estaba presuntamente sufriendo abusos sexuales. El Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil inició al momento una investigación y localizó a la menor.
Pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, que autorizó la exploración a la niña por parte de personal del EMUME y de la Sección de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. Los resultados revelaron que su propio padre agredía sexualmente a la pequeña y a su hermana, también menor, aprovechando que quedaban a su cargo y que la madre estaba ausente del domicilio.
Se estableció un dispositivo de búsqueda sobre el padre al que no se lograba localizar y se sospechaba que podría haber abandonado el país. En mayo de 2014 el juzgado emitió una Orden Europea e Internacional de Detención a efectos de extradición al tiempo que solicitó que a través de Cooperación Internacional se realizaran gestiones de búsqueda en Italia y Ecuador, países de residencia de la madre del posible autor y de origen del mismo, respectivamente.
En enero de 2015, gracias a una serie de gestiones realizas por la Guardia Civil con Interpol Quito, localizan al posible autor. Al no estar prevista la extradición, el Juzgado de Instrucción solicita la asistencia penal internacional para que esa persona sea juzgada en Ecuador. Las Autoridades Judiciales Ecuatorianas asumieron la competencia jurisdiccional del sospechoso de cometer los abusos sexuales ordenando la detención y su ingreso en prisión.