El Tribuna Supremo ha confirmado, por lo tanto, la anulación de la suscripción de acciones en ambos casos. Además, el alto tribunal ha desestimado todos los motivos de los recursos, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional, por la salida a bolsa de la entidad en 2011 y en la que está imputado el exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato, pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil.
La resolución confirma que hubo un error en el consentimiento por parte de los adquirientes debido a las "graves inexactitudes del folleto de la oferta pública". Se confirman de este modo sendas decisiones judiciales procedentes de Asturias y Valencia. Además, habrá que determinar si procede o no aplicar la conocida como 'prejudicialidad penal', es decir, si los magistrados que ahora instruyen demandas civiles de afectados por la caída del valor de sus títulos deben o no esperar a que la Audiencia Nacional, que investiga irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad, dicte sentencia sobre el caso.