Además, ha sido igualmente el elemento desencadenante de un proceso de regeneración de las prácticas urbanísticas, que se habían ido generalizando a lo largo de estos últimos años de la historia del urbanismo español.
Asimismo, y a raíz de esta operación y del escándalo producido en una opinión pública conocedora de estos y otros hechos en un clima de impunidad y consenso, se ha producido un número elevado de denuncias e intervenciones judiciales. "Al año de iniciarse este proceso, del orden de 400 municipios estaban ya implicados en casos de corrupción urbanística en España, el 5% del conjunto de los municipios de nuestro país", subraya el COAM.
Además, y según apunta el Colegio, la 'operación Malaya' invita a reflexionar sobre este elevadísimo número de casos y el alto porcentaje de implicación de los gestores de las administraciones públicas españolas. "El caso de Marbella ha tenido un carácter ejemplarizador sobre otras administraciones de Justicia y ha abierto un proceso necesario e inconcluso en el conjunto del territorio español", manifestó el COAM.