Por ello, los responsables de la acción portan una pancarta con el lema '¡Peligro! Ruta nuclear en 216 municipios' y la reivindicación 'No al cementerio nuclear', reclamando una moratoria al proyecto de construcción del ATC al consideralo "caro" e "innecesario". "Bidones radiactivos reales podrían estar ahora circulando por nuestras carreteras y cruzando más de 200 pueblos de España --ha asegurado la responsable de Campañas de la organización, Raquel Montón--. Un riesgo que no necesitamos, como tampoco tenemos necesidad gastarnos más de 1.000 millones de euros en construir el ATC. Desde Greenpeace queremos reiterar que es un peligro y que no es necesario. Por eso exigimos una moratoria y animamos a los municipios afectados a que se sumen a ella".
Greenpeace ha advertido también de otras consecuencias que, a su juicio, tendría la instalación del ATC en Villar de Cañas. Así, además del riesgo por el transporte de residuos radiactivos por carretera, consideran que la infraestructura provocará también daños económicos a la región (en términos de disminución del valor de los terrenos y productos locales), mayor ansiedad entre la población del lugar y los municipios por los que discurra el transporte, y "despilfarro económico".
En este último punto, la organización asegura que el ATC de Villar de Cañas tendrá un coste de unos 1.000 millones de euros, frente a los 20 millones de eutos que, según indican, cuesta construir un almacén temporal individualizado (ATI) en una central nuclear.
Además, en lo referente a la obligación de España de repatriar los residuos nucleares enviados a Francia tras el incendio del reactor 1 de la central de Vandellós (Tarragona) en 1989, se muestra convencida de que "se puede renegociar una vez más la fianza con Francia respecto a los residuos nucleares que están alojados en La Hague".