¿Y la Ley de Dependencia?

La Ley de Atención a la Dependencia establece un nuevo derecho de ciudadanía. Un derecho de todas aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia a recibir atención, prestaciones y servicios que garanticen su calidad de vida. La caridad o las ayudas más o menos discrecionales dejan paso a un derecho reclamable legalmente.

En Madrid hay 870.000 personas mayores de 65 años, de las cuales 410.000 tienen más de 75 y 230.000 más de 80. En pocos años la cifra de mayores alcanzará el millón de personas en la región. En cuanto a las personas con discapacidad las cifras son dispares. El Instituto Nacional de Estadística estima que hay 348.000 personas, de las cuales 198.000 tendrían más de 65 años, mientras que la Encuesta sobre Discapacidades hablaba en 1999 de 154.423 personas de entre 6 y 65 años y el Registro del Grado de Reconocimiento de Minusvalías contabiliza 209.179 personas.

En todo caso, un 14 por ciento de las personas dependientes en España reside en Madrid.  Unas 154.000 personas, de las cuales 113.000 serían mayores y otros 41.000 personas con discapacidad, según el Libro Blanco de la Dependencia.

En una primera fase de aplicación de la Ley el objetivo es atender a los “grandes dependientes”, unas 50.000 personas en Madrid (30.000 personas con un 75 por ciento de minusvalía y las 20.000 restantes, personas mayores de 80 años). Sin embargo, sólo se han presentado 10.000 solicitudes de madrileños y madrileñas para ver valorada su situación y reconocido su derecho. 

En otras palabras, sólo uno de cada cinco posibles beneficiarios ha presentado su solicitud, lo cual contrasta con las 25.000 solicitudes en la Comunidad Valenciana, las 16.000 en Castilla y León, las 11.500 en Murcia, las 40.000 en Andalucía o las 23.000 en Galicia. En Asturias, con sólo un millón de habitantes, se han presentado 9.760 solicitudes.

Lo que da buena cuenta del grado de desconcierto y parálisis en la aplicación de la Ley en la Comunidad de Madrid. Ha sobrado propaganda y ha faltado información y asesoramiento.

Nos queda mucho por hacer en Madrid para que la Ley sea una realidad. Algunos ejemplos: más de 18.000 mayores esperan una plaza en una residencia pública aguardando lista de espera. En Madrid contamos con 26.700 plazas sostenidas con fondos públicos, que no llegan a cubrir el 9 por ciento de las personas mayores de 80 años. Casi el 65 por ciento de estas plazas son gestionadas por manos privadas. En cuanto a centros de día, contamos con 3.350 plazas, de las cuales sólo el 7 por ciento son gestionadas directamente y el resto por empresas privadas. La ayuda a domicilio no llega a cubrir al 14 por ciento de los mayores de 75 años.

Reparemos por un momento en el hecho de que la media de pensión contributiva de los hombres es de 970 euros, la de las mujeres de 552 euros y quienes cobran una pensión no contributiva perciben una media de 327 euros. Con estas pensiones “minimileuristas” los mayores se ven obligados a pagar una plaza residencial privada que cuesta un mínimo de 1.500 euros y puede llegar hasta los 3.000 euros/mes. Las familias y dentro de ellas las mujeres, terminan soportando la carga económica y personal de atender estas situaciones de dependencia, en muchos casos a costa de renunciar a un empleo.

Hay que sacar a Madrid de esta situación. El cumplimiento de una Ley que fue fruto del acuerdo entre Gobierno de España, CEOE, CCOO y UGT, y que gozó del amplio consenso de los grupos parlamentarios, no puede ser objeto de confrontación en su aplicación sino de cooperación leal de las diferentes administraciones.

Madrid necesita regular cuanto antes los procedimientos, los dispositivos, la cartera de servicios y las prestaciones que desarrollen este nuevo derecho. Otras comunidades autónomas ya cuentan con decretos de desarrollo de estos temas. Por otro lado, habría que negociar de inmediato con empresarios y sindicatos un plan director que refuerce las infraestructuras residenciales, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o pisos tutelados.

Crear un consejo consultivo regional similar al que funciona en el Estado permitiría elaborar mapas de necesidades y adecuar los dispositivos y recursos para atenderlas. 

Es necesario negociar con empresarios y sindicatos la normativa de acreditación de empresas y entidades prestadoras de servicios y los pliegos de condiciones mínimas para cada servicio en aras de garantizar su calidad. La nueva Ley puede crear un torno a 52.000 empleos en Madrid, que queremos que sean empleos estables, bien remunerados y cualificados.

Hay que reforzar la inspección. Con los 9 inspectores actuales no se puede velar por la calidad de los servicios. Sería necesario constituir un organismo público de control e inspección de los servicios y centros de atención a la dependencia.

En definitiva, CCOO hemos presentado un estudio sobre la situación de la atención a la dependencia en Madrid y una serie de propuestas para que nuestros mayores y personas con discapacidad dejen de ser víctimas de una batalla sin sentido y se conviertan en beneficiarios de su nuevo derecho. Es de Ley. 

Mientras tanto, CCOO hemos creado un nuevo servicio para informar y asesorar a personas dependientes y familiares:

COMDEPENDENCIA
91 536 53 89
E mail: madriddependencia@usmr.ccoo.es

Es una pequeña iniciativa que debe animar a la propia Administración a hacer realidad la Ley en las mejores condiciones para nuestros mayores y personas con discapacidad.

Francisco Javier López Martín
Secretario General CCOO Madrid