El conflicto con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se remonta a julio de 2013, cuando el consejo de administración de la empresa pública, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, cerró la venta de 1.860 viviendas (18 promociones; 12 de alquiler y 6 de alquiler con opción a compra) por 128,5 millones de euros. El acuerdo de compraventa concretaba que los inquilinos no verían alteradas su condiciones de arrendamiento durante el período de protección pública. Sin embargo, los afectados denuncian que muchos firmaron su contrato en 2004, siendo su finalización en 2014, y "cuando van a renovar les suben un 42 por ciento la renta", ha asegurado una portavoz de la plataforma, Arantxa Mejías. "Para ellos [los responsables del Ayuntamiento] estos pisos son cifras y patrimonio, para nosotros son hogares", ha recordado.
Mejías ha querido incidir en el hecho de que los pisos de la empresa municipal cumplían una función social que ha desaparecido: "Un fondo de inversión no es una ONG; (...) se está produciendo una barbarie social". Como ejemplos de situaciones extremas que han afectado a inquilinos de estas viviendas, este mes se ha ejecutado el desahucio de un padre que estaba ingresado en el hospital y de su hijo de 12 años y de otra familia con dos hijos, uno de ellos de mes y medio. Para el próximo lunes, 2 de febrero, está previsto el desahucio de una pareja con una niña de tres años en un piso del PAU de Carabanchel (C/ Salvador Allende).ç
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha declarado en el Pleno ordinario del Ayuntamiento que tanto ella como a su equipo "sienten mucho los desahucios" pero que hay quien rechaza las ayudas municipales. "A nadie le ha faltado el ofrecimiento de una vivienda solidaria de la EMVS", ha dicho sobre este asunto la primera edil madrileña, según recoge 'Europa Press'. Botella además ha puntualizado que "nunca" se inicia un procedimiento judicial en los pisos de la empresa pública por motivos económicos sino cuando "hay una ilegalidad o conflictividad vecinal".
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