El Consejo de Ministros decidió este viernes, visto el informe del Consejo de Estado, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Comunidad de Madrid para impugnar el artículo 9 de la norma regional, relacionado con los agentes forestales. Dicha ley fue aprobada el pasado 25 de julio en la Asamblea con los votos del PP.
Esta norma recoge que l
os
agentes forestales deben solicitar autorización judicial para entrar en terrenos forestales que sean propiedad privada. De esta manera, los guardas perdieron la competencia de acceder libremente al 70 por ciento de las zonas de monte de la región.
Para el gobierno, según señaló la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la Ley de Medidas Urgentes invade competencias reservadas por la Constitución a la legislación estatal, por ser legislación básica, e invade competencias exclusivas del Estado en Administración de Justicia, según recoge Europa Press. El recurso se apoya en los criterios técnicos de los ministerios de Medio Ambiente y de Justicia, y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Según informa el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), el recurso se fundamenta en dos objeciones jurídicas. En primer lugar, en que vulnera la competencia que la Constitución reserva al Estado para establecer legislación básica en materia de protección del medio ambiente y de los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
En segundo lugar, en que el artículo 9 de dicha Ley de la Comunidad de Madrid vulnera las competencias estatales en materia de Administración de justicia, otorgadas también por la Constitución, al atribuir a los jueces y tribunales funciones jurisdiccionales no incluidas actualmente en la normativa estatal vigente.
La norma autonómica contradice, además, la Ley estatal de Montes, que no sólo asigna a los agentes forestales la condición de agentes de la autoridad, sino también la de policía administrativa forestal, según el MAP. En cambio, la Ley de Medidas Urgentes reduce la capacidad de los guardabosques para realizar su trabajo, pues les impone la obligación de disponer de una autorización judicial para acceder a los terrenos forestales.
Con ello se reduce, al mismo tiempo, la defensa del interés público, ya que se merman notablemente las posibilidades de estos profesionales para ejercer la labor de vigilancia y garantizar el cumplimiento de la legalidad, y la adecuada conservación de los ecosistemas y diversidad biológica de la Comunidad Autónoma, informó el Ministerio.
Tres meses de protestas
Desde la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes los agentes forestales se han manifestado en numerosas ocasiones para solicitar su derogación, pues consideran que vulnera la legislación estatal y que pone en peligro el medio ambiente de la región. Incluso han presentado una petición para ser atendidos por el Parlamento Europeo.
El Gobierno regional ha defendido la ley con el argumento de que procura regular y dar seguridad a los agentes forestales, por lo que desde su aprobación tienen que solicitar autorización judicial para acceder a propiedades privadas. Sin embargo, los agentes insisten en que no es lo mismo un domicilio -como asegura el Ejecutivo- que una propiedad privada.
No obstante, ésta medida de la ley
no es la única que ha causado polémica. También la limitación a cuatro alturas en los edificios provocó reacciones por parte del Ministerio de Vivienda, de algunos municipios o del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.