La FRAVM y el COAM piden una política social para integrar a los afectados
MDO/Agencias | Viernes 19 de octubre de 2007
PSOE e IU acusaron este viernes al Ayuntamiento y al Gobierno regional de los incidentes ocurridos la Cañada Real Galiana. Tanto la FRAVM, como el Colegio de Arquitectos piden medidas sociales para resolver el problema de la marginación de las personas que viven allí.
Según el portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE en la Asamblea, José Quintana, el conflicto de la Cañada Real no es sólo urbanístico, sino "también social y de marginación en una ciudad que presume de ser de las más avanzada.
Para el portavoz socialista, el Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a que existan más de 1.300 viviendas en carácter marginal en esa zona y su responsabilidad al respecto es "muy importante", pero la presidenta Esperanza Aguirre también tiene "competencias" para tomar decisiones, ya que las vías pecuarias son suelo público que depende de la de la Comunidad.
Por su parte, la portavoz de IU en el Parlamento regional, Inés Sabanés, estimó que la culpa de la batalla campal fue de la escasez de medidas del IRIS, de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS) y de los ayuntamientos, y pidió prevención antes de que se generen más altercados. Por ello, exigió a las administraciones que se pongan a trabajar para desactivar el conflicto.
La diputada, que también advirtió de que parte de la responsabilidad en la Cañada Real depende del Ejecutivo regional, apuntó que en esta zona se tenía que estar trabajando "desde hace mucho tiempo" y recordó que el Ayuntamiento de Madrid aprobó hace más de 15 meses una serie de actuaciones integrales y de coordinación entre las administraciones.
Mientras, el PP consideró que es necesario llegar a un acuerdo entre todas las administraciones para solucionar problemas como éste, que suponen "un herida" para Madrid.
Por otro lado, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) expresó este viernes su rechazo a que el problema de la Cañada Real sea abordado como un problema de orden público, puesto que la organización lleva 20 años pidiendo a las administraciones la erradicación y realojo de los asentamientos marginales.
Asimismo, condenó la violencia policial ejercida en las últimas horas contra los vecinos del poblado de la Cañada Real Galiana del distrito Villa de Vallecas que protestaban contra la ejecución del desahucio de una vivienda.
La FRAVM demandó para la Cañada Real Galiana la puesta en marcha de un plan integral de medidas sociales que implique a las tres administraciones que tienen competencias al respecto: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Dicho plan deberá dar prioridad a las medidas sociales que promuevan la integración y la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de este poblado.
También el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) apoyó este viernes con un comunicado las actuaciones de derribo llevadas a cabo en la Cañada Real, pero reclamó una política social que resuelva la problemática de necesidades y marginación de las personas afectadas.
Los arquitectos madrileños entienden "que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, está haciendo en la resolución de la invasión de suelos públicos con carácter y valor medio ambiental de las cañadas de trashumancia y, en este caso, de una de las mas importantes, la Cañada Real".