Tras la paralización del proyecto de reparcelación de Valdebebas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación están tratando de solventar y para cuya solución calculan alrededor de seis meses mediante una reparcelación económica, estos particulares han pedido medidas cautelares para que se bloqueen las licencias de primera ocupación de las promociones que se encontraban en tramitación.
El resultado es que alrededor de 1.200 familias no pueden entrar legalmente a sus casas, con los problemas que eso conlleva. El caso más sangrante, aunque no el único, es el de la promoción residencial San Isidro que, tal y como relata Vanessa Reyes, presidenta de la asociación de vecinos de Valdebebas, está en estado crítico. "La paralización judicial ha provocado que las familias de esta promoción de vivienda protegida, cuya obra está terminada desde hace un año, tengan que empezar a pagar unos intereses bancarios de 1.200 euros, a pesar de que sus ingresos máximos están tasados, mientras tienen que pagar alquileres y otros gastos alternativos. La cooperativa está al borde de la quiebra y las familias, a punto de perder sus casas por unos señores que dicen que no están en contra de los vecinos", comenta.
Los denunciantes son Luis Ignacio Martínez Alías y la Asociación para la Defensa del Urbanismo Responsable, ambos vinculados al abogado José Ignacio Hernández Obelart. El primero de ellos es responsable de alrededor de 200 recursos en el juzgado en casi todas las juntas de compensación de los grandes desarrollos de la capital que provocó, entre otras, la caída del plan general de Madrid y de la reparcelación de Valdebebas.
Según narra Reyes, la asociación de vecinos mantiene en suspenso una reunión con los denunciantes después de que estos renunciasen a levantar las medidas cautelares. "Nos dijeron que no somos sus contrarios y que no puede llegar a un acuerdo con nosotros", continúa. Madridiario ha tratado de ponerse en contacto en reiteradas ocasiones sin éxito con Hernández Obelart. No obstante, Obelart manifestó al diario El Mundo que los vecinos de Valdebebas "son rehenes en un secuestro" y él es un agente de las fuerzas especiales que trata de liberarlos. "No podemos dejar pasar esta situación", "las cosas son mucho más complicadas", argumentaba Hernández a este periódico para evitar desistir de sus recursos judiciales. De hecho, aseguraba que su intención no era dañina hacia los vecinos, ya que no ha solicitado el desalojo de las viviendas ni el derribo de los edificios.
Su representado, Martínez Alías, se describe como un 'cruzado' contra el abuso de poder de la administración, los propietarios del suelo y los bancos. Ambos aseguran en los foros de Internet que buscan el interés público y que se cumpla la ley, que es el argumento que utilizan para presentarse como demandantes en estas causas. Buscan llegar a un acuerdo con las partes para arreglar el desaguisado urbanístico que, a su juicio, sufren los nuevos desarrollos. Martínez Alías y Hernández Obelart plantean que se cumplan las sentencias judiciales y se reconozca que se han cometido ilegalidades en el urbanismo madrileño, al haber procedido en base a un planeamiento mal hecho. "No pedimos dinero encima de la mesa", aseguraba a El Mundo Hernández Obelart. Y si estas sentencias no fuesen ejecutables, abogan porque se establezcan las indemnizaciones que legalmente le corresponden al demandante. Es decir, a ellos. Y avisan que si el Ayuntamiento da nuevas licencias de primera ocupación, "se les puede cruzar el cable".
En opinión de Reyes, "si realmente estuvieran actuando por interés público, o no reclamarían indemnización porque el planeamiento está mal hecho, o bien derivarían la indemnización a los verdaderos afectados, que son los vecinos y no ellos. Sin embargo, con estas actuaciones en los juzgados, no están atacando solo al Ayuntamiento o a la Junta de Compensación, sino a las cooperativas, que somos los vecinos".
Más información:
UPyD pide la exención de impuestos para los vecinos de Valdebebas que no pueden entrar a vivir
El TSJM anula la reparcelación de Valdebebas