Para ello se intervinieron varias líneas telefónicas de los imputados así como de personas relacionadas profesionalmente con ellos, sumando a eso los datos aportados por la Agencia Tributaria. El pasado 10 de octubre la Unidad Central de Delincuencia Financiera y Fiscal (UDEF) presentó un informe al juzgado de instrucción 51 con las pesquisas realizadas.
En el informe, como reza el auto, "se comprueba haber existido distintos movimientos de capital entre sociedades sitas en Ecuador y Panamá y empresas o cuentas bancarias a nombre de los imputados y la mercantil que regentan".
A la vista del informe policial, el juez decide dar traslado a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Madrid "por si los hechos referidos fueran constitutivos de delito a fin de que se practiquen las gestiones oportunas".
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