Tras la modificación de la Ley de la RMI, que cambió algunos requisitos para acceder a esta prestación, el control en el seguimiento de su concesión es más exhaustivo. La crisis provocó un aumento de la solicitud de estas ayudas y la Consejería de Asuntos Sociales tomó la decisión de reforzar las medidas antifraude "para actuar ante cualquier irregularidad". "Con estas medidas se persigue que la RMI sirva realmente a la finalidad para la que se estableció, esto es, disponer de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida", ha afirmado Victoria.
El proyecto de ley 6/2012 de medidas fiscales y administrativas estableció una modificación parcial de la ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. Así, se implantó como requisito imprescindible el residir "de manera permanente" en la Comunidad de Madrid (antes solo se exigía la "residencia efectiva" mediante el empadronamiento) y se eliminó el artículo 6.3 que decía: "Reglamentariamente podrá establecerse el derecho a la percepción de renta mínima de inserción de personas procedentes de otras comunidades autónomas que fijen su residencia efectiva y permanente en la Comunidad de Madrid, siempre que se encuentren percibiendo en ellas una prestación de renta mínima y se encuentre expresamente contemplada la reciprocidad". La Consejería de Asuntos Sociales ahora ha detectado irregularidades "sobre todo de aquellas unidades familiares que no residan de manera efectiva en la región".
También se incluyó como requisito el "tener escolarizados a los menores que formen parte de la unidad de convivencia en edad de escolarización obligatoria" y "haber suscrito el compromiso de formalizar el preceptivo programa individual de inserción y de participar activamente en las medidas que se contengan en el mismo". Además, con la nueva normativa las infracciones leves pueden ser sancionadas con la "suspensión del pago de la prestación por un período de uno a tres meses" mientras que antes tan solo se recurría a un apercibimiento escrito. "Otra modificación que permitió un mayor control en el seguimiento de la prestación fue incorporar la obligación de que los titulares de la RMI buscasen activamente un empleo, no rechazasen injustificadamente una oferta de empleo o causasen baja voluntaria en su trabajo", indica el Gobierno en una nota.
La RMI es un derecho social subjetivo para aquellas personas que, tras agotar otros recursos (como el paro o el subsidio de desempleo), se encuentran en una situación económica de especial dificultad. La cuantía de las prestaciones varía si se trata de una personas sola (le corresponden unos 375 euros), una familia de dos personas (488 euros) o una familia de tres o más personas (532 euros). En Madrid, no tiene límite de tiempo. Este jueves el Gobierno ha aprobado destinar 42,3 millones de euros a esta partida durante el segundo semestre de 2014. En total, en todo el año se destinarán 84,7 millones, un 3,5 por ciento más que en 2013.
Madrid destina 84,7 millones a la Renta Mínima de Inserción
Detectan irregularidades en el 14% de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción