En este punto, ha señalado que "en la Fundación Tripartita sólo se han recibido ocho expedientes de los 163 que la conforman y en esos ocho no hay ninguno que afecte a la subcontratación de ninguna empresa relacionada con Sinergia S.L.", propiedad de Aneri.
Pero "lo realmente importante", ha recalcado, es que ya en diciembre de 2012 se detectaron dentro de los procedimientos habituales de control de la Tripartita posibles actos constitutivos de delito en tres expedientes relativos a convocatorias de formación de 2010 y 2011, al haberse encontrado "importantes irregularidades".
Lo primero que se hizo en diciembre de 2012 fue comunicar desde la subdirección general de Políticas Activas del Servicio Público de Empleo a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Brigada Central de Delincuencia) estos hechos, de ahí que la Policía Nacional venga investigando desde 2013 hasta 350 cursos que afectan a 10.500 alumnos, ha seguido explicando Hildalgo.
Posteriormente, cuando la Brigada de Policía Central tuvo conocimiento de la denuncia y detención de Aneri por parte de la Brigada de Policía Provincial, se puso en contacto con la jueza del Juzgado número 9 para poner a su servicio la investigación de los cursos que venía desarrollando tras la denuncia de Empleo.
En paralelo, ha acabado de explicar la secretaria de Estado de Empleo, desde los servicios del SEPE y la Tripartita se ha seguido viendo qué otras formas mercantiles podría haber utilizado Aneri para beneficiarse de forma ilícita de los fondos para formación.
Por todo ello, Hidalgo ha asegurado que Empleo "ha actuado con absoluta responsabilidad, con absoluta prudencia y con lealtad hacia las comunidades autónomas, que son socios necesarios en la gestión de la formación". Además, ha recordado que el Gobierno lleva tres meses trabajando con los agentes sociales para llevar a cabo una transformación completa del modelo de formación y ha mostrado la "convicción" del Ejecutivo para ligarlo "a los principios de transparencia y concurrencia, a las necesidades reales del mercado de trabajo y a una evaluación permanente".
Por su parte, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, ha asegurado este martes que las asociaciones empresariales supuestamente estafadas en la realización de cursos de formación por José Luis Aneri deben devolver el dinero porque los expedientes de revocación de esas ayudas formativas se ha iniciado ya siguiendo los plazos que marca la Ley. Además, Mariño ha señalado que, en todo caso, los posibles indicios que haya de fraude tendrán que determinarlos el juzgado número 9, que en su momento se decidirá si ha habido fraude o no.
"Nuestros técnicos están investigando todas las plataformas que sirven de soporte para desarrollar los cursos online y vamos a llegar hasta el final para averiguar qué ha pasado con estos fondos, por qué no se han producido estos cursos, por qué no se han justificado esos dineros que hemos adelantado y por qué se han producido una serie de incorrecciones e irregularidades en el transcurso y desarrollo", ha esgrimido. La consejera cree que de esta manera aprenderán "para poner encima de la mesa en qué han de que cambiar en formación continua para que sea mucha más efectiva y para que de verdad sea eficaz para que los trabajadores puedan recualificarse y estar más preparados para el mercado laboral".
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