Un día, no hace mucho, desde la izquierda se dijo que había llegado el momento de que el Partido Popular dejara de gobernar en instituciones como la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y en los más importantes ayuntamientos de la región; que la hegemonía popular se estaba perpetuando y era menester acabar con ella. Y a partir de ese momento, nació la marea blanca, la verde y la negra; las calles comenzaron a atiborrarse de manifestaciones, concentraciones, sentadas y acampadas; empezaron a proliferar las huelgas por sectores y los sindicatos tomaron la acción, convirtiéndose en el brazo útil de la izquierda para ir minando la resistencia de los gobiernos del Partido Popular.
Los dos últimos años han sido los de mayor conflictividad social, y en todos los casos, contra gobiernos populares. En Madrid se han celebrado una media de 11 manifestaciones diarias y los conflictos laborales han sido un goteo incesante, especialmente en los servicios públicos.
Lo que ha pasado en Alcorcón, no es casual. Que se plantea una huelga de recogida de basuras de forma radical, que no se cumplan los servicios mínimos, que se produzcan algaradas callejeras, destrozos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas del orden, ya había pasado anteriormente, casi calcado, en la huelga de limpieza viaria de Madrid y en la de recogida de basuras de Pinto, lo que hace sospechar de una estrategia para poner en marcha un modelo de conflicto y un manual de reacciones y comportamientos
Esto no es vivir en una sociedad modelo de libertades, sino todo lo contrario; esto es un canto a la falta de respeto por los derechos de todos, una forma de comportamiento antidemocrático, de romper las reglas del juego. Acabar con ese radicalismo, con ese libertinaje interesado que va contra la gran mayoría, sólo está en manos de los jueces. Si los convocantes de una manifestación son responsables de los desperfectos que se puedan producir, que paguen; si la ley exige el cumplimiento de los servicios mínimos, que se haga pagar a quienes los incumplan; si está gravemente penado agredir a las fuerzas del orden, que se castigue a los agresores. Sólo de esta manera viviremos pacíficamente, la protesta será lícita y el derecho a la huelga, legítimo.