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Suspendido el juicio del 'caso Ciempozuelos'

Ayuntamiento de Ciempozuelos
MDO/E.P. | Lunes 13 de enero de 2014
La sesión de este lunes del jucio del 'caso Ciempozuelos' se ha suspendido hasta este martes debido a que una de las sociedades implicadas en el caso no tiene defensa jurídica. Los exalcaldes socialistas Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro han asegurado que su implicación en el caso sobre una presunta trama de corrupción urbanística respondió a "una maniobra política" del PP para ganar las elecciones de 2007.

El procedimiento se remonta a una denuncia de Manos Limpias presentada en 2006 en la que aseguraba que los exalcaldes Torrejón y Joaquín Tejeiro habrían cobrado una comisión con la inmobiliaria Esprode de 40 millones de euros a cambio de unos terrenos. "Hubo intereses claros de una acción partidista del PP", ha aseverado Torrejón a preguntas de los periodistas. "La acusación tuvo un origen partidista con un claro interés político. No tienen hechos objetivos para seguir adelante", ha reseñado.

En cuanto al ingreso de un dinero en una cuenta en Andorra, ha destacado que en su día justificó el dinero con informes bancarios. "Ese dinero procedía de mi amplia actividad profesional previa a ser alcalde", ha reseñado Torrejón en alusión a su etapa en el sector hospitalario. Acto seguido, ha explicado que se le vinculó en la causa porque el exalcalde Joaquín Tejeiro le pidió que le dejará mandar un fax desde su casa. Según el PP, en ese fax remitido a la banca andorrana se aportó el contrato por el que se pactaba la comisión de 40 millones de euros para recalificar unos terrenos urbanísticos, ya que la autoridad bancaria exigía justificar ese tipo de ingresos. Asimismo, Torrejón ha subrayado que en el Plan de Ordenación Urbanística de Ciempozuelos no se detectó ninguna irregularidad, según informes del Ayuntamiento de la localidad posterior a su época de alcalde.

Por su parte, Joaquín Tejeiro ha indicado en los pasillos que el dinero que ingresó en Andorra procedía de la venta de unas viviendas que heredó, pero que no podía justificarlas. Según ha reconocido, cometió "la barbaridad" de falsificar su firma para justificar ese ingreso. El abogado Juan Ramón Montero, que ejerce la acusación popular del PP Nacional en el 'caso Ciempozuelos', ha negado que haya intereses políticos detrás de este caso y ha recordado que la operación se inició después de que "la autoridad judicial de Andorra informara de la existencia de un documento que acreditaba que se iban a cobrar 40 millones de euros por unas recalificaciones", ha señalado. En su relato, el fiscal señala que ambos dirigentes viajaron en febrero de 2006 a Andorra con "la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares en consideración a los cargos públicos que ocupaba, en el caso de Torrejón, y había ocupado, en el caso de Tejeiro".

Sin embargo en marzo de 2006 los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro "para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad", por lo que según el Ministerio Fiscal, "con el fin de engañar al citado banco y evitar el cierre de las cuentas abiertas" los acusados elaboraron un documento fechado el 18 de abril de 2005 "por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40 millones de euros". Entre los imputados también figuran otras doce personas entre empresarios y familiares de los principales acusados por supuestamente "ocultar o encubrir bienes de origen ilícito" con la finalidad de ayudar a los exregidores a "eludir las consecuencias jurídicas" que dimanan de un delito de blanqueo de capitales.

Torrejón y Tejeiro se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 900.000 euros acusados de las mismas infracciones penales. Además, deberán hacer frente a las fianzas de 20 y 23 millones de euros, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de este caso.

Por último, Montero ha asegurado este lunes que la actuación delictiva de los exalcaldes de esta localidad está acreditada, dado que hay correos en los que se aportó el contrato por el que pactaban el cobro de cerca de 40 millones de euros en comisiones por recalificar unos terrenos rústicos.

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