El Plan de Modernización de Autobuses Interurbanos, desarrollado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, establecía que, antes de 2014, el 90 por ciento de los vehículos de la red que utilicen grandes intercambiadores subterráneos deben cumplir con la normativa Euro IV. Así como el 80 por ciento de la flota ordinaria. Estas imposiciones deben extenderse a todos los autobuses a finales de 2014 y 2015, respectivamente. Según José Luis Pertierra, director de la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebús), "las empresas están haciendo un esfuerzo y costosas inversiones por adaptar la motorización de sus flotas a los términos que establece el Gobierno regional". Fuentes del sector explicaron a Madridiario que, actualmente, ya cumple prácticamente esas condiciones.
Además, el Consorcio estableció que antes del 31 de diciembre de 2015, el 20 por ciento de los vehículos de cada empresa debía tener unas características medioambientales especiales. La propia autoridad única del transporte madrileño se reservaba definir, en función de la evolución tecnológica y las características del servicio, qué tipo de vehículos debían ser esos autobuses 'especiales' (eléctricos, híbridos, gas natural, etcétera). A cambio, las concesionarias verían incrementado en un 50 por ciento adicional la duración de sus contratos. Pertierra instó al organismo dirigido por Jesús Valverde a que anuncie cuál es el modelo que desea la administración para el transporte público porque, si el Consorcio se demora mucho, para las concesionarias será imposible, por falta de tiempo, cumplir con sus especificaciones.
El sector también ha solicitado a las administraciones que tomen otro tipo de medidas para reducir la contaminación del tráfico y, en particular, de vehículos que generan buena parte del porcentaje de movilidad en los grandes ejes de entrada a Madrid, como son los autobuses interurbanos. En particular, han pedido al Ministerio de Fomento, con apoyo del Consorcio y de la Dirección General de Tráfico, la creación de carriles reservados de transporte público para aumentar la velocidad del servicio y reducir atascos y, por extensión, la polución en el anillo metropolitano. Políticas que redundarían en certificar lo que el último informe anual del Consorcio Regional de Transportes ponía de manifiesto en su encuesta de calidad: que el servicio de interurbanos es el mejor valorado en toda la red de transporte público en materia medioambiental y de eficiencia energética. Es decir, que es la flota 'más verde' de la región.