El 26 de julio, el Gobierno aprobó la denominada ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El texto ha desatado una gran polémica entre la oposición y el movimiento ciudadano, y entre algunos alcaldes 'populares', que el 13 de octubre participaron en un encuentro en Madrid para manifestar su desacuerdo ante un proyecto que, en palabras del vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), constituye el "mayor ataque al municipalismo que se ha hecho en la historia de este país".
Además, el informe del Consejo de Estado aprobado por unanimidad alertaba sobre la posible inconstitucionalidad de la eliminación de competencias de los Ayuntamientos y de su traslado a entidades de representación indirecta como las Diputaciones Provinciales. El Consejo recuerda que las competencias de las Diputaciones son "funcionales", de asistencia a los municipios, y no "materiales", como las de los Ayuntamientos, que gestionan "intereses y asuntos que afectan al conjunto de la población".
El movimiento vecinal se opone a "una reforma que supone un ataque frontal al municipalismo y a los derechos de ciudadanía, toda vez que los Ayuntamientos prestan servicios de vital importancia para garantizar la cohesión social (educación infantil, atención a mayores y a personas migrantes...)".
De este modo, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) ha convocado concentraciones en los Ayuntamientos de las ciudades de Madrid, Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Toledo, Valladolid, Miranda de Ebro, Mieres, Canarias, A Coruña, Elche y Zaragoza. En Madrid los asistentes han portado letras para formar el lema "Por la democracia local y los derechos sociales".